El fin de semana más sangriento del último año en Colombia no llegó por sorpresa. Llegó como consecuencia lógica de tres años de una política que nunca tuvo marco legal, nunca produjo un documento de política pública y jamás definió sus reglas de juego. 21 muertos en la Panamericana, en Cajibío. 31 atentados en 72 horas en el suroccidente del país. Cilindros bomba, bloqueos de vías, ataques a batallones en Cali y Palmira. Esto es la Paz Total en su expresión más cruda.

La política insignia del gobierno Petro en seguridad otorgó suspensión de órdenes de captura a más de 200 representantes de grupos armados. Entre ellos, 75 fueron nombrados gestores de paz: individuos que acumulan más de 1.246 años de condenas en firme por homicidios, secuestros, narcotráfico y terrorismo. Cuatro de cada diez reincidieron. Las disidencias de las Farc pasaron de 3.275 a más de 9.600 integrantes durante este gobierno. La Paz Total no trajo paz. Trajo más crimen, más hombres armados y más impunidad. 

El senador Iván Cepeda, arquitecto ideológico central de esta política y hoy candidato presidencial del Pacto Histórico que lidera encuestas prometiendo continuarla, tiene una deuda con el país. No basta con haber construido el andamiaje político para liberar criminales sin reciprocidad verificable y luego pedir el voto ofreciendo más de lo mismo. El resultado de esa apuesta está en los cadáveres de la Panamericana. Esa deuda exige reconocimiento público antes de gobernar. 

Es necesario decirlo con honestidad: las cosas no estaban bien antes de este gobierno. Pero se han deteriorado de forma exponencial. 

El Estado renunció voluntariamente a capturar y castigar a los más violentos. Los sentó en mesas, los liberó, los empoderó. Ellos respondieron como era previsible: armándose más, expandiéndose, matando más. La impunidad supera el 90%. Cometer un delito paga. Disparar un arma ilegal paga. Matar paga. Y mientras eso sea así, ningún discurso de paz tendrá efecto real. 

Ayer, en el marco del diálogo convocado por el Inter-American Dialogue y Asocapitales, quedó en evidencia otra fractura estructural: los alcaldes están esencialmente solos. Son la cara más visible del colapso territorial, pero no tienen mando sobre la fuerza pública. El Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía. Si desde arriba la doctrina ha sido negociar con el crimen, los mandatarios locales no pueden contradecirla. En la sala estaban alcaldes de ciudades bajo fuego, gobernadores, sector privado y academia. El diagnóstico fue unánime. Lo que falta es voluntad política para actuar. 

Hay cambios concretos que no requieren revolución institucional. Quien comete un crimen con arma ilegal debe estar en prisión preventiva. No en casa. No en arresto domiciliario. En prisión. Colombia registra más de 10.000 personas heridas por armas ilegales cada año, y nueve de cada 10 de quienes las dispararon no van a la cárcel. Eso no es falta de recursos. Es una decisión política. 

Colombia no es un país violento. Casi cincuenta millones de personas viven aquí en paz, trabajan y construyen sus vidas dentro de los límites que nos hemos dado como sociedad. Lo hacen porque eligen hacerlo. Son ellas quienes merecen un Estado que las proteja. 

Lo que necesitamos es una convocatoria nacional. El Congreso, la Corte Suprema, la sociedad civil, los gobernadores y los alcaldes deben construir, con o sin el Gobierno, una ruta real hacia la paz: una que no sea sinónimo de impunidad, que restaure la disuasión como instrumento legítimo y que ponga al ciudadano, no al criminal, en el centro. El país lo exige. Las víctimas de Cajibío lo merecen.

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