Durante décadas, el país ha puesto sus principales apuestas en la construcción de paz, bajo la premisa de que su consolidación impulsaría el desarrollo económico y social. Sin embargo, los resultados han sido parciales: persisten dinámicas de violencia, limitaciones institucionales y una deuda histórica con el campo colombiano.

A pesar de este contexto, el sector rural ha demostrado resiliencia. El país mantiene un portafolio exportador agropecuario relevante, aunque prácticamente inalterado en los últimos 40 años: café, banano, flores, palma y azúcar, con avances recientes en carne bovina y aguacate. Esta estabilidad, lejos de ser una fortaleza, evidencia una oportunidad perdida frente a países como Perú y Chile, que han diversificado su oferta y generado mayor valor agregado.

Si bien Colombia lidera en volumen de exportaciones agropecuarias, con más de US$15.000 millones, esta cifra puede generar una percepción engañosa. Mientras otros países han evolucionado hacia portafolios más sofisticados y competitivos, el nuestro sigue concentrado en productos tradicionales, con menor impacto económico y social. El reto es claro: empresarizar el campo colombiano. Esto implica convertirlo en un sector atractivo para la inversión, articulando a pequeños, medianos y grandes productores en modelos productivos eficientes, con acceso a tecnología, financiamiento y mercados. Insistir exclusivamente en esquemas de subsistencia limita el potencial del sector y expone al país a una mayor dependencia de importaciones.

Hoy, Colombia importa más de US$10.000 millones en alimentos al año, una cifra significativa para un país con vocación agrícola. Esta realidad no solo refleja una brecha estructural, sino una oportunidad: sustituir importaciones de manera competitiva y proyectar al país hacia nuevos mercados internacionales. Experiencias como las de Chile y Perú demuestran que es posible construir modelos agroindustriales incluyentes, donde grandes empresas y pequeños productores se integran en cadenas de valor. Esquemas como la agricultura por contrato permiten transferir tecnología, asegurar ingresos y reducir riesgos para productores, mientras se fortalecen capacidades en procesamiento, logística y comercialización.

Para avanzar en esta dirección, se requiere una acción decidida del Estado. Es fundamental garantizar condiciones habilitantes como seguridad jurídica, infraestructura, conectividad y eficiencia institucional. Entidades como el ICA, INVIMA y los ministerios deben operar de manera articulada para facilitar la inversión, promover estándares sanitarios y consolidar un entorno competitivo. Colombia tiene el potencial para convertirse en una potencia agroalimentaria. Cuenta con tierra, agua y conocimiento productivo. El desafío es pasar de las oportunidades identificadas a las decisiones concretas. Es momento de dejar de postergar el desarrollo rural y empezar a construir, de manera estructurada, el futuro del campo colombiano.

Gonzalo Moreno

Presidente de Fenavi

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