En una reciente fiscalización, de la que tenemos conocimiento directo por nuestra cercanía profesional con la empresa involucrada, la Sunat adoptó un criterio que resulta, como mínimo, preocupante. El ente recaudador desconoció un gasto deducible alegando que las personas que firmaron un contrato no tenían sus poderes inscritos en los Registros Públicos al momento de la firma, pese a que dichos poderes existían, habían sido otorgados por la Junta General de Accionistas y se inscribieron posteriormente.

El caso corresponde a una empresa dedicada a la comercialización de repuestos para el sector automotriz. Como parte de su proceso de expansión, decidió arrendar un inmueble para construir un almacén de última generación que le permitiera mejorar su servicio y sostener su crecimiento. Dada la magnitud de la inversión, se firmó un contrato de arrendamiento de largo plazo, suscrito por representantes designados por la empresa.

Revisemos las fechas, porque en ellas se encuentra una pauta decisiva. El 20 de........

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