Existe una narrativa ampliamente instalada en Europa según la cual Ucrania representa hoy la defensa de la democracia frente al autoritarismo ruso. Desde una perspectiva geopolítica, esa afirmación resulta difícilmente discutible. Ucrania combate por preservar su soberanía frente a una agresión que pretende negar su propia existencia como Estado independiente. Sin embargo, trasladar esa lectura al funcionamiento interno del sistema político ucraniano exige bastantes más matices.

Antes de la invasión rusa de febrero de 2022, se tiende a olvidar que Ucrania distaba mucho de ser una democracia liberal consolidada según todos los índices de democracia internacionales. Era, más bien, una democracia electoral con una sociedad civil extraordinariamente activa y una competencia política real, pero también un Estado profundamente condicionado por la corrupción, la influencia de los oligarcas, la debilidad del poder judicial y la captura parcial de numerosas instituciones públicas. Desde la Revolución Naranja hasta el Maidán la capacidad de movilización de la sociedad frente a los déficits estructurales había quedado más que demostrada, pero ninguno de aquellos procesos consiguió transformar completamente el funcionamiento del Estado.

Volodímir Zelenski llegó a la Presidencia en 2019 prometiendo precisamente romper con ese modelo. Su victoria simbolizó el rechazo de buena parte de la sociedad ucraniana a unas élites políticas asociadas durante décadas al clientelismo y a la corrupción. La guerra alteró por completo ese proyecto. La prioridad dejó de ser la reforma del Estado para convertirse, con toda lógica, en la supervivencia nacional. Sin embargo, cuatro años y medio después de la invasión rusa, la guerra no solo ha transformado el frente militar. También está modificando profundamente el equilibrio del poder político en Kiev. La última remodelación del Gobierno constituye probablemente el mejor ejemplo.

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