La cuestión catalana sigue gravitando sobre la política de nuestro país desde el siglo XVIII. Ha suscitado la atención de políticos, escritores y filósofos. El enfoque ha sido muy diverso y no puedo olvidar, por su actualidad, las durísimas palabras de Unamuno imputando a la prensa madrileña la responsabilidad de las tensiones con Catalunya. La opinión, siempre templada, conciliadora y pragmática de Ortega y Gasset llega a una conclusión ineludible: estamos obligados a conllevarnos. Promulgada la Constitución de 1978, que combina forzadamente el reconocimiento de las nacionalidades con la indivisible unidad de la nación española, el independentismo no cede e intenta, por varias vías, alcanzar unos objetivos políticos que no encajan con el texto constitucional y mucho menos desde nuestra incorporación a la Unión Europea.

El conflicto comienza a agudizarse en el año 2014 cuando el president de la Generalitat, Artur Mas, decide convocar “una consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Catalunya”. Después de muchas vicisitudes, constitucionales y jurídicas, la consulta se celebra (9N) y el president y varias personas son condenadas por la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un delito de desobediencia a la pena de inhabilitación y obligados a devolver 4,9 millones de euros de fondos públicos al considerarle responsable patrimonial del gasto ocasionado. Obsérvese que no se consideró que hubiese un delito de malversación de caudales públicos.   

El gran terremoto, que todavía tiene réplicas, se produce en el año 2017 con el proceso de la transitoriedad política hacia la proclamación de la República independiente de Catalunya. Los pasos que se iban a dar estaban declarados y eran conocidos por el Gobierno y........

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