Los medios de comunicación afines al poderoso lobby del Colegio de Registradores (CORPME) presentaron en su día la noticia de la transmisión en documento privado de participaciones de la sociedad Servinabar a favor de Santos Cerdán como una alerta sobre los riesgos de las operaciones que son opacas a los mecanismos de control del blanqueo y de la corrupción.

Pese a las apariencias, se trata de una campaña comercial cuya finalidad no es mejorar la persecución de actividades ilícitas sino engordar el monopolio del Registro Mercantil, a través del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.

Bajo la presidencia del registrador Mariano Rajoy, pretendieron la privatización del Registro Civil y la comercialización monopolística de sus datos, generando tal iniciativa un fuerte rechazo social e institucional, que dio origen a investigaciones periodísticas en diferentes medios de comunicación no alineados con el PP. Pese a que el lobby registral contaba con miembros en el Consejo de Estado y en el CGPJ (a través de Vicente Guilarte), los demoledores informes de esos organismos –que lograron zafarse de la presión de los registradores–, los indicios de corrupción que destaparon los medios y una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad de la reforma, dieron al traste con el negocio millonario de los registradores mercantiles.

Inasequible al desaliento, el lobby registral pretende ahora cargar a las Pymes con un gasto anual adicional medio de unos mil euros por barba. Hay tres millones de sociedades limitadas, algo menos de la mitad operativas, por lo que está en juego........

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