Que los políticos se enfrenten con mayor o menor dureza es algo que ha ocurrido siempre. Cuando hablamos de polarización como un fenómeno político peligroso para la convivencia nos referimos, sobre todo, a un clima social. Hablamos más de cómo actúan los electorados que de cómo actúan los líderes.

La polarización política no es solo un aumento del desacuerdo. Es algo más profundo y más inquietante: la transformación del adversario en un otro moralmente ilegítimo. Cuando la política deja de ser una disputa sobre fines, medios o prioridades y pasa a ser un juicio sobre la esencia del otro –sobre su decencia, su patriotismo, su legitimidad o incluso su humanidad–, la convivencia democrática entra en zona de riesgo.

La cuestión acerca de quién es el responsable de la polarización en España suele tener, en general, dos explicaciones. La primera atribuye la polarización exclusivamente al adversario: son “ellos” quienes crispan, quienes dividen. La segunda, algo más elegante pero no menos problemática, reparte la culpa entre todos: todos tensan, todos son responsables por igual. Esta equidistancia suele presentarse como ecuanimidad, pero a menudo es también una forma de pereza intelectual.

El mayor obstáculo para una discusión honesta sobre la responsabilidad de la polarización es la dificultad de acordar un criterio objetivo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se establece la responsabilidad? ¿Dónde empieza el desacuerdo legítimo y dónde la demonización? ¿Cuándo diríamos que un electorado está polarizado? Si no fijamos un criterio compartido, el debate sobre la polarización se convierte en una prolongación del propio conflicto que pretende analizar.

Si aceptamos que la polarización conlleva el odio al adversario o, cuando........

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