El CNE decidió “abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico […] por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”. A las citadas personas “se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos [y] presunta financiación prohibida al recibir aportes de personas jurídicas”. Los dos votos en contra fueron de las magistradas del Pacto Histórico. Petro dijo que “ha comenzado el golpe de estado” y amenazó con que “si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder”.

El art. 265 de la Constitución establece que el CNE debe «velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”. En esa línea, el CNE tiene competencia para «adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas [e] iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación estipuladas”, según dice la ley 996 de 2005. Esa competencia del CNE ha sido ratificada en varias decisiones judiciales tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional y se ha ejercido en el pasado miles de veces, literalmente, incluso sobre campañas presidenciales recientes. Cuando el CNE investigó a Santos y a Duque, Petro y la izquierda aplaudían y los abogados y periodistas que ahora ponen el grito en el cielo nunca dijeron que había en marcha un «golpe blando» o, mucho menos, un «golpe de estado”.

Las críticas al CNE se han basado en sostener que se viola el fuero del Presidente y que, además, vulneraría........

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