En las últimas semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha vuelto a ser el centro de controversias por cuestiones que no se relacionan precisamente con la promulgación de leyes o la fiscalización a diferentes órganos del Estado y las entidades públicas.

La suspensión del Fiscal General, tras su detención por presuntos delitos penales, generó una serie de dudas sobre su elección en 2024 con más de dos tercios de votos de los asambleístas. Declaraciones oficiales y acusaciones de ex diputados sugieren el tráfico de influencias y la compra de votos en esa elección.

Paralelamente, y ante la renovación de las directivas parlamentarias, una de las alianzas con mayor número de representantes, ha develado públicamente la ruptura de su bancada con varios diputados disidentes que ya no responden a las estructuras partidarias con las que fueron elegidos.

Por su parte, la sesión de la semana pasada de la Cámara de Diputados fue convocada para tratar la ley del Día Nacional del Charquekán y de la Chicha y el Chicharrón, y la declaración como patrimonio cultural del pan marraqueta y la ratafía.

Finalmente, hace algunos días, un senador suplente fue encarcelado por acusaciones de terrorismo e instigación a delinquir.

Estos hechos muestran un escenario de innegable degradación del primer poder........

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