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La opinión pública es una ficción de origen liberal, inescindible de la imagen inicial del parlamentarismo, como un marco político racional y reflexivo donde uno decide y se deja, llegado el caso, convencer por los buenos argumentos. Es a François Guizot a quien se le imputa la primera definición de la idea, en su Historia de los orígenes del gobierno representativo. La opinión pública sería lo que en una sociedad “obliga a todos los ciudadanos a buscar sin descanso, y en cualquier ocasión, la verdad, la razón, la justicia, que deben regular el poder”. Esta institución se sostendría sobre tres pilares. La discusión racional, que compromete a los poderes a buscar en común la verdad. La publicidad, que sitúa a estos poderes bajo los ojos de los ciudadanos. Y, por último, la libertad de prensa, que convoca a los propios ciudadanos a indagar también en la verdad y comunicarla al poder. La síntesis clásica de Guizot se construye sobre la simplicidad del mundo político del sufragio censitario y no puede atender muchas de las transformaciones que, sobre todo en el siglo XX, afectarán a la vida pública. Ya no será posible, desde luego, entender la opinión pública al margen de la sentimentalidad política que será propia de la democracia de masas; de la centralidad que van a adquirir los partidos en la construcción de publicidad; o sin tomar en consideración el cambio radical que implica el tránsito desde la publicidad de la prensa literaria al negocio de la comunicación, o a la concurrencia del propio Estado en la creación de opinión, como titular de medios de comunicación. En todo caso, el ideal comunicativo de la opinión pública es resistente, se trata de un concepto que permanece inscrito en nuestro orden constitucional como sede de legitimidad para el poder político. Es, digamos, una ficción imprescindible de la democracia. La esencia de dicha ficción es la idea de que existe una esfera pública que sirve como lugar discursivo y crítico, donde los ciudadanos pueden deliberar para sembrar acuerdos o juicios comunes. La democracia, por lo tanto, requiere una mínima credibilidad en que es posible una conversación mínimamente ordenada por razones públicas, algo que idealmente, como ha visto bien Manuel Arias Maldonado, no excluye pero sí limita el papel de la sentimentalidad en la política. En la idea de opinión pública resiste, por lo tanto, el paradigma clásico del liberalismo, vinculado a la confianza en la racionalidad y a un cierto escepticismo.

El derecho a conocer

La democracia liberal depende de presupuestos –la racionalidad y escepticismo de sus actores, el equilibrio entre razón y sentimentalidad– de los que no puede desentenderse, pero que tampoco puede garantizar normativamente de forma total. Presupone, digamos, un tipo de hombre y un tipo de sociedad con ciertos hábitos públicos que son frágiles. En todo caso, dentro del papel mediador que puede desempeñar el derecho para favorecer la existencia de ese hábitat crítico, la libertad de prensa, el derecho a la libertad de información, ha sido el eje del sistema de opinión pública. De hecho, todo el sistema jurídico de la opinión pública se justifica, en último término, en nombre del derecho del público a conocer. La libertad de información ha sido una libertad que se ha definido no tanto porque esta sea una realización de nuestra individualidad, sino por su contribución a la formación de una opinión pública libre. Ahí reside, en último término, lo que podemos denominar el “privilegio” jurídico de los medios de comunicación. Constituye la garantía de que el individuo pueda formar su juicio en un........

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