Hay padres separados que son incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué pediatra debe cuidar a sus hijos o a qué actividades extraescolares deben acudir sus retoños. Hay comunidades de vecinos que no logran resolver por sí mismas el color con el que se pintará la fachada o el modelo de toldo que instalarán. ¿Y cómo se resuelve? Se lleva el tema al juzgado y el encargado de arreglar el desencuentro es el juez.

Contaba hace tres días en las páginas de La Voz José Manuel Pan que la justicia afronta una reorganización para buscar un mejor reaprovechamiento de los recursos, pero que tiene 200.000 casos pendientes en Galicia. Que hay casos urgentes que no tienen fecha para ser juzgados hasta dentro de tres años.

En paralelo, estamos asistiendo al juicio por el boleto de la primitiva extraviado en A Coruña y premiado con 4,7 millones de euros, nada más y nada menos que catorce años después del suceso. Tanto es así que los dos hombres que reclaman la propiedad del boleto han fallecido en este tiempo, y son sus familias las que han heredado la reclamación. Una evidencia de que, aunque llegue la justicia, no será justa porque el ganador de la apuesta ya ni siquiera está.

Investigar un delito, una reclamación, instruir una causa requiere tiempo, para analizar, para buscar pruebas, contrastar versiones... Pero son muchos los casos que se amontonan en la mesa de cada juez. ¿Cómo es posible que para un divorcio haya que esperar un año? ¿O un juicio por un despido tarde dos años?

El problema es muy grave. Porque 200.000 casos a la cola son muchas vidas pendientes: el despedido que quiere su indemnización, la empresa que quiere que se resuelva una reclamación, un enfermo que quiere ver reconocidos sus derechos, una víctima que quiere ver condenado a su agresor, la familia de un muerto que quiere una condena para el asesino... O el inocente que quiere ver su culpa absuelta. El retraso implica también que delinquir sale barato.

La solución no es fácil. De un lado, cuantos más medios, más se debería aliviar la carga y más se debería recortar el retraso. Pero la dotación de medios no puede ser infinita. Haría falta que asuntos de carácter más sencillos se resolviesen, por ejemplo, con un mediador. Y sobre todo, educar a la ciudadanía para que entienda que la justicia debe ser el último recurso y que no se puede llevar ante el juez cualquier nimia discrepancia. Ya lo decía el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste: «El modelo nunca será ágil si se recurre a la justicia para todo».

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