Pedro Sánchez es uno de los 37.000 españoles que, según los datos del INE, cumple el 29 de febrero, ese día tan raro que solo existe cada cuatro años. Por ese carácter singular es muy probable que la efemérides de este 2024 tarde tiempo en borrarse de la memoria del líder socialista, que ayer no paró de recibir noticias negativas: relacionan a su mujer con la trama corrupta que golpea a su Gobierno, el Tribunal Supremo procesando a su imprescindible socio Carlès Puigdemont —justo cuando el PSOE daba por cerrada otra vez la tramitación de la ley de amnistía que rechazan casi ocho de cada diez españoles— y hasta la reprobación del ministro Marlaska en el Congreso con el respaldo al PP de uno de los aliados estratégicos de la Moncloa (Junts y Podemos). Y eso por resumir las noticias más importantes del día.

La legislatura que mañana cumple cien días desde la investidura de Sánchez ha entrado en un bucle muy peligroso. Produce candor, por decir algo, escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asistió a muchos de los consejos de la Junta andaluza en los que se bendijeron los escándalos de los ERE, pedir explicaciones al PP por unas reuniones que, al parecer, nunca existieron con los comisionistas de Koldo, mientras calla con las irregularidades atribuidas por los investigadores a la tercera autoridad del Estado —Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que recepcionó cubrebocas defectuosos por valor de 3,7 millones—, a dos ministros (Fernando Grande-Marlaska, que no se pierde un lío, y el canario Ángel Víctor Torres, también salpicado por Tito Berni) y a la principal esperanza de los socialistas de recuperar el poder en Cataluña, Salvador Illa.

Tampoco habla María Jesús Montero, ni el resto de portavoces de Sánchez, de la resolución del Parlamento Europeo que impedirá amnistiar o indultar a los culpables de delitos de malversación. Aquí se prefiere tapar la repetición de amenazas de los secesionistas en aras de una mal llamada convivencia, mientras se ataca a los jueces y a las fuerzas de seguridad para intentar amarrar unos votiños imprescindibles para seguir a flote unos pocos meses más.

Sánchez, mientras tanto, se refugia en el silencio y busca cualquier excusa para no hablar de la política doméstica. Salvo que sea para echarle la culpa a Isabel Díaz Ayuso de todos sus males. Porque con la presidenta madrileña empezó todo. A ella le atribuyeron múltiples calamidades y hasta le sacaron una lona con la cara de su hermano por cobrar una comisión por la venta de mascarillas en pandemia. La venganza ha tardado poco más de un año, pero ha llegado en un momento caliente. Fue Ayuso la que denunció en Anticorrupción las irregularidades de las adjudicaciones a dedo —miles de millones, recuerde— que ahora empiezan a destaparse. Koldos ha habido, y seguramente habrá, siempre. Lo que abundaban menos eran los nacionalistas de partido como Óscar Puente, otro que parece que va a salir en los papeles, o Patxi López, incapaces de ver la viga en el ojo propio. Pobre España.