Poco a poco han ido saliendo a la luz las desastrosas consecuencias que han seguido a las diversas reformas que se introdujeron durante la segunda administración de la expresidenta Bachelet. El principal problema de estas, como varios advertimos cuando se discutieron, es que no se basaron en evidencia concluyente, sino que en consignas que, aunque en un comienzo fueron populares, a la larga mostraron ser solo prejuicios ideológicos que reñían con la realidad y el sentido común de la población. No es extraño entonces que las leyes e iniciativas que se ofrecieron en respuesta a ellas, pese a contar con el respaldo de varios académicos y líderes de opinión, en lugar de hacerse cargo de las verdaderas necesidades del sistema escolar, terminaran entorpeciendo la gestión y el buen funcionamiento de los colegios.

Así como los economistas reconocidos con el Premio Nobel hace unos años atrás, en particular, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, sostuvieron que la lucha contra la pobreza global está repleta “de los desechos de milagros instantáneos que acabaron siendo poco milagrosos”, lo mismo podríamos decir de nuestro sistema educativo, en que abundan casos de políticas que, por sobresimplificar desafíos complejos e idealizar su impacto, en definitiva han tenido resultados muy distintos a los que sus impulsores imaginaron. Peor aún, algunas de ellas han terminado por agravar problemas existentes e incluso han creado otros nuevos donde no los había. Es así como la consigna de terminar con un lucro cuya existencia nadie pudo nunca acreditar motivó la introducción de una extensa burocracia que lo único que ha logrado es rigidizar la gestión escolar y estancar el desarrollo de una oferta educativa de calidad. O como la supuesta discriminación de que se acusó a los colegios, y que a la larga se vio no era tal, llevó a instalar una narrativa antimérito que socavó el valor de los proyectos educativos basados en la alta exigencia académica -como aquellos de los liceos emblemáticos-, así como a diseñar un sistema de admisión centralizado que prometió equiparar el acceso a una educación de calidad, que en cambio se ha vuelto cada vez más escasa.

Casi diez años después de que estas reformas se discutieron y aprobaron por el Congreso, es clave documentar sus efectos e identificar con claridad la seguidilla de errores que nos llevaron a ellas. Solo de ese modo, esta negativa experiencia le servirá al país como aprendizaje de cara a otras reformas que se deben discutir en áreas tan sensibles como la salud y las pensiones. Cuando los diagnósticos que se instalan son erróneos y las soluciones que se ofrecen adolecen de un simplismo que impide visualizar los problemas de fondo con la complejidad que requieren, hay que alzar la voz y no dejarse inhibir por ideas que, bajo la excusa de fines nobles, a la larga terminarán provocando importantes perjuicios a las personas, tal como lamentablemente ya ocurrió en materia educacional.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo

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