Hoy, cuando los gobernadores que se declararon en “rebelión” se reúnan con el ministro de Hacienda, la discusión sobre la emergencia económica girará alrededor de una figura poco conocida fuera del mundo jurídico: la “excepción de inconstitucionalidad”.

Los 17 gobernadores rebeldes sostienen que el decreto que eleva la carga tributaria sobre alcohol y cigarrillos —y obliga a las gobernaciones a trasladar al Gobierno central el recaudo “adicional”— afecta “la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones”. Por eso alegan que la Constitución les permite abstenerse de aplicar esa norma para proteger principios constitucionales. 

Aunque el debate se presenta como técnico, el choque destapa una pelea más grande: la fragilidad de las finanzas regionales, el deterioro de la relación del Gobierno con los mandatarios locales y el pulso político que anticipa el 2026.

El decreto de emergencia al que se oponen los gobernadores sube y reordena los impuestos al alcohol y al cigarrillo durante 2026: en licores, sube el IVA del 5 al 19% y además aumenta el impuesto al consumo con una fórmula mixta —un cobro fijo por grado de alcohol y otro porcentaje sobre el precio—; en cigarrillos y vapeadores hace algo similar.

La clave del choque es que el decreto mantiene para los departamentos el recaudo “base” (lo equivalente a 2025 ajustado por inflación), pero ordena que todo el recaudo adicional que produzcan esos aumentos se gire a la Nación, en la práctica para tapar el hueco fiscal.

Por ejemplo, la Fábrica de Licores de Antioquia recaudó el año pasado por impuesto al consumo de licores algo más de un billón de pesos para las regiones. Para 2026, se proyecta un recaudo de 1 billón 150 mil millones. 

“Con el decreto de Emergencia Económica, la Nación se estaría apropiando de 720 mil millones de pesos........

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