Más allá de los debates jurídicos sobre la validez de la toma de posesión, la imagen de los funcionarios de la superintendencia de salud, uniformados, esperando que el representante legal de Sanitas recogiera rápidamente algunas cosas personales de su escritorio para sentarse uno de ellos en la silla y asumir la administración de la empresa es impactante. Que lo haya hecho el gobierno de Petro, quizás sirva para revisar con seriedad los límites de esas exorbitantes facultades que todos los gobiernos han usado en forma discrecional desde hace cien años.

Es una medida extrema, que por tanto solo debería tomarse luego de intentar otras, como planes de salvamento u otras, que en este caso pareciera que no se tomaron. Se ha dicho, equivocadamente, que la superintendencia escoge discrecionalmente el nivel de intervención y que no es, por tanto, obligatorio adoptar medidas intermedias antes de llegar a la toma de posesión.

Las medidas tienen que ser proporcionales y especialmente razonables, es decir de ellas debe esperarse que permitan solucionar los problemas que generan la intervención. En el caso de Sanitas, que atraviesa dificultades financieras producto, no de malos manejos, sino de déficits estructurales del sistema, cuyas variables les son ajenas porque son controladas por el Estado, no se puede esperar razonablemente que el interventor solucione los problemas que no se generaron por mala administración.

La justificación de garantizar la continuidad del servicio........

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