—Lo que voy es por mi plata —dice por teléfono Alexis Cuesta, director de Corpourabá.

—Pero, señor Cuesta, ¿qué tan cierto es que Julián Bedoya tiene mucho poder allá?

—Discúlpeme, discúlpeme…

El director cuelga el teléfono porque está a punto de ingresar a una reunión en Bogotá, muy lejos de Urabá, donde tiene jurisdicción la corporación que dirige. La razón: tanto Corpourabá como Corantioquia —Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con influencia en Antioquia— hoy pujan para que se concrete un jugoso desembolso de $140 mil millones por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

La transferencia carga con el pecado de haber sido aprobada con un aval exprés emitido por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, justo el día en que Olmedo López renunció a la dirección. Entonces, el escándalo por supuesta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira ya tenía a López con una denuncia penal a cuestas y a Carlos Carrillo a punto de convertirse en su relevo.

El giro exprés a Antioquia fue una de las últimas decisiones de Pinilla y una de las primeras denuncias de Carrillo tras su llegada a la Ungrd. Sin embargo, las matrices de colaboración y los señalamientos tempranos de Pinilla y López —quienes prometen prender el ventilador— pusieron primero los reflectores sobre las supuestas coimas pagadas por funcionarios del gobierno a Iván Name y Andrés Calle, presidentes de Senado y Cámara, para mover las reformas en el Congreso.

Aunque las corporaciones en Antioquia alegan que el giro tiene un sustento técnico, varios hechos que revela esta investigación de La Silla Vacía generan indicios de que detrás hay otro caso de posible corrupción. Primero, los giros se aprobaron en solo tres días. Para aprobarlos, Pinilla recibió un poder especial del exdirector Olmedo López, y fue avalado por un abogado de la cuerda de Bedoya dentro de la Ungrd. Las solicitudes de ambas corporaciones están “gemeliadas”, y comparten incluso errores de ortografía. Y las sumas transferidas son atípicamente grandes y dejan en los rines a la subdirección del Riesgo.

Ya en marzo La W había revelado que en Itagüí, fortín de Trujillo, se selló el negocio de los carrotanques e incluso se contrataron sus microperforados con empresas vinculadas al grupo primario de este político, que fue un aliado clave para Petro en Antioquia durante las presidenciales.

El 27 de febrero, a las 4:42 de la tarde, llegaron dos solicitudes a la Ungrd. Provenían de Antioquia, con los membretes de Corpourabá y Corantioquia, y en el asunto reposaba el mismo pedido: “Solicitud de transferencia de recursos”. Corpourabá pedía $43.500 millones y Corantioquia $96.500 millones.

El concepto para justificar el pedido de la transferencia fue el mismo en ambas solicitudes: “Ejecutar acciones para la adaptación, mitigación y corrección de los efectos del cambio climático, la atención de puntos críticos y recuperación de obras y pasos de fauna, además de la ejecución de acciones asociadas a la gestión del riesgo para abastecimiento”.

“Las solicitudes parecían gemeliadas, porque eran idénticas: palabra por palabra, excepto los montos”, dice una fuente de la Ungrd que pide la reserva por no tener vocería. En efecto, en los pedidos solo cambiaban los membretes y las firmas de los respectivos directores. Cuesta en Corpourabá y Liliana Taborda en Corantioquia.

Los argumentos para el pedido de la plata fueron los mismos: trabajar contra los efectos del cambio climático y puntos críticos, con obras de mitigación, protección de taludes y recolección de aguas; así como estudios sobre la capacidad hidrológica de reservorios de agua.

“Parecen hechas por la misma persona”, dice la fuente de la Ungrd, y es que hasta en los errores hay coincidencias entre una y otra solicitud. En el encabezado de los documentos, además de al entonces director López, el pedido se dirige a “DIANA POLA ARIZA (sic)” con la misma falta ortográfica, en referencia a Diana Paola Ariza, quien para entonces fungía como encargada de la subdirección del Riesgo.

Pero eso no es todo.

La Silla Vacía también accedió a las resoluciones 185 y 186 del 29 de febrero, que sirvieron de respaldo técnico y jurídico para la aprobación de esta transferencia a los Fondos de Inversión Colectiva (FiC) habilitados para Corantioquia y Corpourabá. Los documentos suman casi 20 páginas cada uno y aunque........

© La Silla Vacía