Gustavo Morales es un abogado y economista que ha tenido una mirada panorámica de la vigilancia en el sistema de salud. Fue superintendente de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, y luego presidente de Acemi, el gremio de las EPS privadas. Hoy es presidente de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras públicas y privadas (donde Sanitas está afiliada, con una empresa pequeña de seguros).

En esta entrevista con La Silla Vacía explica las implicaciones de las intervenciones que hizo el superintendente del gobierno de Gustavo Petro, Luis Carlos Leal, a Sanitas y la Nueva EPS, las dos aseguradoras más grandes de Colombia. Ambas las considera inadecuadas y llenas de riesgos, incluyendo de corrupción.

Más allá de las explicaciones, Morales hace una súplica: “hay que hacer todo para que estas intervenciones no terminen en liquidaciones”. Eso, afirma, abriría un panorama de incertidumbre sin precedentes para el sistema de salud.

Usted ya ha dicho que le parecía una decisión agresiva, porque hay una cantidad de pasos previos que se pudieron haber tomado y que no se tomaron.

Lo que tiene el superintendente a su disposición es un menú de herramientas que no están ordenadas en ninguna secuencia específica. La pregunta es si la herramienta utilizada es la más idónea frente al problema. La buena práctica en las superintendencias es utilizar esas herramientas de manera gradual y proporcional.

No hay ninguna regla que diga que está prohibido, por ejemplo, pasar de neutralidad total a la liquidación de una entidad, que es la medida más extrema. Pero eso genera traumatismos que no son aconsejables. Lo que suelen hacer los superintendentes es, primero, hacer requerimientos, luego un plan de mejoramiento. Si eso no da resultado, se impone una medida de vigilancia especial, que implica un monitoreo mucho más cercano. Y luego, si lo primero no sirvió, se llega a la intervención para administrar o eventualmente a la liquidación. Pero aquí no había vigilancia especial y mucho menos plan de mejoramiento.

¿Entonces estas intervenciones fueron precipitadas?

Las normas le dan una amplia discrecionalidad al superintendente. La pregunta es si la decisión es idónea.

Si se hizo para realizar la reforma a la salud por esta vía, pues evidentemente la medida tomada no es idónea. Porque la reforma a la salud lo que quería era eliminar la gestión del riesgo financiero por parte de las EPS, y su rol como aseguradoras no lo hace. Si la prima no les alcanza, el interventor asume ese riesgo y tiene el deber de hacer rendir la plata.

Segundo, si de lo que se trata, como parece decirlo en los considerandos de las resoluciones, es superar los problemas financieros, pues por más que el interventor tenga los mayores dotes y se levantan los embargos, no parece probable que eso solucione el problema de reservas técnicas.

Queda claro que esta medida no parece idónea para resolver ese problema.

¿Algún otro detalle de las resoluciones que le llamó la atención?

A Sanitas no le removieron el revisor fiscal. En cambio, a la Nueva EPS sí se le remueve el revisor fiscal. En su reemplazo nombraron a una señora que la llaman, en la jerga de la Súper, La Contralora, Gladys Séfora de las Mercedes Asprilla. Entonces ¿por qué ese doble tratamiento diferenciado? No lo sé.

Usted fue superintendente, ¿cómo fue su experiencia con las intervenciones?

La historia ha demostrado que las intervenciones para administrar rara vez funcionan, sea cual sea el problema que se quiera solucionar. Rompe los principios básicos de gobierno corporativo. En una EPS, que al final del día es una entidad financiera, los principios de gobierno corporativo son esenciales. Una junta directiva, ojalá con mayoría independiente, también conformada por personas idóneas, con subcomités que tengan claras funciones. Se necesita una asamblea y una revisoría fiscal igualmente profesional independiente. La intervención disuelve todos esos órganos de gobierno corporativo y los concentra en una sola persona. Ese es el pecado original de la figura de la intervención para administrar.

La Nueva EPS que recibe 250 mil millones de pesos al mes. Si usted no tiene ni siquiera una estructura mínima básica de gobierno corporativo, pues no va a solucionar bien ningún problema.

Estas dos intervenciones han sido muy criticadas. Pero el gobierno anterior, de Iván Duque, hizo cerca de una docena.

Yo no ordené ninguna intervención para administrar. Yo solía procurar solucionar problemas vía la medida de vigilancia especial o vía la liquidación, que también tiene sus propios defectos. Creo que el superintendente del gobierno Duque, el doctor Aristizábal, fue muy valiente en liquidar varias EPS que claramente no tenían salvación. Entonces, aun si cabe una crítica por haber utilizado en el pasado medidas de intervención, el balance en ese tema específico de las medidas especiales fue bastante positivo en el gobierno anterior.

Pero aquí lo que lo hace particularmente perturbador es el tamaño de las EPS intervenidas y el hecho de que son, en medio de un entorno muy difícil, apreciadas y queridas por sus usuarios, cosa que no sucedía en otros casos.

Las decisiones en este gobierno le dan a la Superintendencia un número de afiliados que nunca había tenido. ¿Qué precedentes hay?

El único es el de Saludcoop, que se intervino en el 2011 y se liquidó en el 2016. En ese momento tenía como 6 millones de afiliados. Duró unos cuatro o cinco años intervenida. Ya el país sabe que eso no salió bien, ni la intervención y mucho menos la liquidación.

Ahora con Sanitas y Nueva EPS, además de las que ya estaban intervenidas, son más de 20 millones de afiliados bajo control de la Súper.

Sobre todo la Nueva EPS, por sus dimensiones es un animal muy peculiar y distinto al resto. Por........

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