El viernes 7 de octubre, el mismo día que Trump impuso sanciones a toda la Corte Penal Internacional en su escalada contra la justicia internacional y que la ex magistrada de ese tribunal Navi Pillay recibió el Premio Nobel de Paz, se hizo pública en un documento que hasta ese momento había sido considerado secreto una jugada de poder sorprendente hecha por el ex presidente colombiano Gustavo Petro antes de entregar el cargo a Abelardo de la Espriella. 

En su último día, el 7 de agosto de 2026, el saliente gobierno hizo una auto-denuncia en la que pidió a la Corte Penal Internacional evaluar de nuevo el caso de Colombia.

Según el documento, el gobierno colombiano argumentó que hay “un cambio significativo en las circunstancias” y que el país ya no tiene la capacidad o voluntad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos durante medio siglo de conflicto armado, contrario a lo que viene afirmando desde hace más de una década. Por tanto, le pidió a la Corte Penal, “en caso de que se cumpla el umbral legal, abrir una investigación sobre delitos pasados y en curso”.

La jugada de Petro podría contrarrestar algunas de las maniobras de De la Espriella y sus aliados políticos contra la JEP, de reducir su presupuesto y buscar crear una nueva instancia en la justicia penal militar que revise las condenas contra ex militares. 

Pero también podría devolverse como un bumerán contra la propia justicia transicional, ya que Colombia lleva años empeñada en demostrar que su modelo cumple con los estándares del Estatuto de Roma y es efectivo para juzgar los crímenes más atroces. Además, la decisión de abrir un caso podría poner en entredicho los grandes avances que ha hecho la propia JEP y subrayar sus falencias, sobre todo con las sanciones.

“Un cambio significativo en las circunstancias”

La auto-denuncia de Petro pasó de agache durante dos meses tras el final de su gobierno. Ni la Presidencia ni la Cancillería ni el Ministerio de Justicia, los entes que se suelen ocupar de la relación con la Corte Penal Internacional, dijeron una palabra sobre la decisión de pedirle que reabra el caso sobre Colombia. Tampoco es común que un país haga una auto-remisión, algo que ha sucedido cuatro veces desde que la Corte nació en 2002.

Fue una disputa procedimental entre dos instancias de la CPI la que llevó a la presidenta de ese tribunal a levantar el velo de confidencialidad el jueves pasado. Eso llevó a que el cruce de decisiones entre la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal y la Fiscalía en las últimas semanas fuese publicado en el sitio web de la Corte. La denuncia del gobierno Petro aún no está disponible y no es claro quién la firmó.

Lo que emerge de ese conflicto es lo siguiente. El 25 de septiembre, el fiscal encargado Mame Mandiaye Niang presentó una apelación a una decisión que habían tomado los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares tres semanas atrás.

En ese dictamen, los jueces habían desestimado por completo la denuncia presentada por Colombia argumentando que “consiste principalmente en referencias varias a inquietudes, riesgos especulativos y escenarios hipotéticos que pueden o no materializarse en el futuro”. 

En otras palabras, juzgó que no tenía ningún mérito. 

La fiscalía de la CPI objetó esa interpretación y pidió a la Sala de Apelaciones del tribunal revocar la decisión. A su juicio, la decisión original no tuvo en cuenta la argumentación del gobierno Petro sobre el “cambio significativo en las circunstancias”.

Esas cinco palabras son claves. En el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, es el término que permite al tribunal internacional asumir la competencia para investigar los crímenes en un lugar en caso de que el país en cuestión no esté en capacidad o tenga la voluntad de investigar, juzgar o sancionar los crímenes graves. 

Figuran también en el acuerdo que firmó el ex fiscal Karim Khan con Colombia en 2021 cuando cerró el examen preliminar de 17 años sobre el país, el más largo que ha tenido la Corte. “Si hay un cambio fundamental en las circunstancias, si no se da espacio [a la JEP], se podrá reabrir”, advirtió Khan al gobierno de Iván Duque, que había intentado sabotear a la justicia transicional al objetar su ley interna de funcionamiento.

Por eso, el fiscal Niang que........

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