En medio del fragor electoral de mayo pasado, en México pasó casi desapercibido el trascendente acuerdo que la gran mayoría de los países representados en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que encabeza Daren Tag, con el cual se reconoce el derecho de propiedad que los pueblos originarios y comunidades locales tienen sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, un acuerdo por el cual jugó un papel activo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que dirige José Sánchez.

El acuerdo hace frente a la biopiratería e implica que cualquier persona física o moral que presente una invención basada en recursos genéticos y solicite una patente, la autoridad de protección a la propiedad intelectual deberá exigirá a los inventores que divulguen el país de origen o fuente de los recursos genéticos, así como cuando la invención esté basada en conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Ello, con la finalidad de que el usufructo de esa invención sea retribuido a esas comunidades que generalmente son marginadas de la industrialización y hasta globalización de sus propias invenciones.

Sólo dos países no signaron el acuerdo, Estados Unidos, que en la OMPI representa Laura Hammel, y Japón, cuya oficina de protección intelectual dirige Koichi Hamano. En el resto de los países signatarios se asumió el derecho que le corresponde a........

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