Mientras siga predominando en universidades y ministerios la idea de que las diferencias entre individuos y grupos son explicadas casi exclusivamente por la cultura, corremos el riesgo de diseñar políticas públicas que confundan justicia con uniformidad. La cultura importa enormemente, pero no actúa sobre seres humanos idénticos. Existen diferencias individuales de temperamento, capacidades, intereses y preferencias, producto de la interacción entre biología y ambiente; instintos paleolíticos y epigenética.

Esta distinción resulta particularmente importante frente a las políticas de “igualdad de resultados”. Las cuotas rígidas de género o etnia, preferencias en concursos por pobreza, origen o discapacidad, y otros mecanismos destinados a producir determinadas proporciones demográficas, suelen partir de una premisa discutible: que toda disparidad estadística constituye evidencia de discriminación.

De allí se desprende una conclusión aparentemente lógica, pero falaz: eliminada la discriminación, las distribuciones deberían aproximarse a la composición demográfica de la población. Pero igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades no implican necesariamente igualdad estadística de resultados. Las personas toman decisiones diferentes y presentan distintas aptitudes, preferencias y circunstancias. Pretender corregir administrativamente toda disparidad puede crear nuevas formas de favoritismo y deteriorar la confianza en las instituciones.

Estados Unidos ofrece un ejemplo particularmente visible. Durante décadas, Harvard y otras universidades utilizaron la raza como uno de los factores en sus procesos de admisión. El litigio Students for Fair Admissions vs. Harvard expuso hasta qué punto la pertenencia racial podía modificar las probabilidades de ingreso. Se........

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