En una decisión con implicaciones profundas para el entorno empresarial y la percepción de riesgo país, el presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, presentó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado mexicano, por lo que califica como una persecución política, fiscal, judicial y administrativa iniciada en 2023.

La presentación se realizó en una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C., con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, situando el caso en el radar de los principales organismos internacionales que observan el respeto a los derechos fundamentales en la región.

La relevancia del caso va mucho más allá de la figura de un empresario específico. La denuncia plantea un escenario en el que el uso discrecional del poder público se convierte en un factor de presión contra actores económicos críticos, alterando las reglas del juego y generando incertidumbre para la inversión privada. El documento sostiene que existe una estrategia destinada a restringir la libertad de expresión de Salinas Pliego y limitar su participación en el debate público, en abierta contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con efectos directos e indirectos sobre sus empresas y sobre el clima empresarial en general.

La petición describe un patrón persistente de hostigamiento que combina distintos frentes. Uno de los ejes centrales es la criminalización de la crítica, en la que se documenta el uso de canales oficiales y discursos institucionales para desacreditar públicamente al empresario y a las compañías de Grupo Salinas.........

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