El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, representa mucho más que un intento de asesinato. Forma parte de un conjunto de actos violentos que no se aplican solo a Colombia.

Se trata de una señal clara y alarmante de que el crimen organizado no se conforma con solo corromper instituciones. Estas organizaciones no renuncian a ejercer su poder de voto a través del plomo.

La violencia contra los políticos no es aleatoria: es selectiva, estratégica y tiene como objetivo condicionar el sistema político según los intereses de las redes criminales. Utilizan la corrupción, la infiltración, el terrorismo y los asesinatos selectivos. Quien no puede ser cooptado tiene su destino marcado.

El caso de Uribe, que es un precandidato de derecha a la presidencia de Colombia, nos remite inevitablemente al atentado a Jair Bolsonaro en 2018.

Aunque envuelto en controversias sobre la motivación del intento de asesinato, el episodio evidenció la fragilidad de las instituciones ante actos violentos con repercusiones políticas inmediatas. Como mínimo, reveló cuánto la inestabilidad y el miedo pueden ser explotados electoralmente.

Aunque oficialmente el agresor haya actuado solo, hay señales que sugieren una red de protección al criminal, como una defensa pagada por anónimos y una capacidad logística utilizada por el criminal que no coincidía con sus condiciones financieras.

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