Ismael Díaz Galán, a la izquierda, durante la marcha no violenta de 1989 por la objeción de conciencia. | leoncio camporro

Luis Ángel Vega

Cuatro décadas después de la prestación social sustitutoria (PSS), que realizaban los jóvenes objetores de conciencia al reclutamiento, vuelve a presentarse la posibilidad de establecer algún tipo de servicio militar, ante el empeoramiento de la situación internacional y en especial por el expansionismo ruso y la guerra en Ucrania. Aquellos jóvenes peinan ya canas y siguen si ver con buenos ojos el servicio militar al que se opusieron, primero como objetores de conciencia y luego como insumisos que llegaron a sufrir cárcel por su negativa también a la prestación social. "Sigo opinando lo mismo, no estoy de acuerdo con esta escalada, con la vuelta a posicionamientos militaristas, pero veo probable que la ‘mili’ termine volviendo", asegura Hugo Montes, que hizo la prestación en 1995. Fue en diciembre de 1984 cuando se aprobó una ley para dar cobertura a los objetores de conciencia, que en España habían sufrido un trato brutal en las décadas anteriores. A fines de los años cincuenta se dieron los primeros casos de Testigos de Jehová que se negaban a realizar el servicio militar en una España franquista que no admitía discrepancia alguna. La respuesta fueron palizas y vejaciones en los cuarteles, pero su número creció a varios cientos en los años sesenta. La cosa empezó a cambiar cuando también los católicos comenzaron a declararse objetores. El régimen reaccionó con leyes que castigaban con penas durísimas a los objetores y les privaban de sus derechos civiles y la posibilidad de trabajar para el Estado. Todo se olvidaba si cumplían con sus obligaciones militares. Pero si una vez cumplida la pena, el objetor volvía a negarse a realizar el servicio militar, se le condenaba de nuevo. La llegada de la democracia trajo una amnistía para los objetores encarcelados, pero a los pocos días volvía a meterse en prisión a jóvenes que se negaban a hacer la "mili". La ley tardó seis años en aprobarse, en 1984, pero se iniciaba un vía crucis jurídico que no finalizó hasta 1991, cuando el Tribunal Supremo declaró ajustado a derecho el reglamento de la prestación social sustitutoria, que databa de 1988. En ese momento se iniciaba otro problema. "La ley era muy imperfecta, no había convenios para hacer la prestación social", asegura el abogado y exdiputado Ignacio Prendes, que hizo la prestación en 1993. Buena parte de los jóvenes veía el servicio militar "como algo inútil, una pérdida de tiempo absoluta, un modelo que no se correspondía un país moderno", añade Prendes. La "mili" suponía un paréntesis de un año en el momento crucial de incorporarse al mercado laboral, en un momento en que éste no estaba precisamente boyante. Eso hizo que muchísimos jóvenes se declarasen........

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