Mazazo a la política económica

El Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump

El presidente tilda de "vergüenza" la decisión del Alto Tribunal, que dice que la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Externas no le da autoridad para imponer los aranceles que llamó "recíprocos" ni algunos de los de México, Canadá y China

Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos, durante una rueda de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). Una corte federal estadounidenses bloqueó este miércoles buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre las importaciones de numerosos países al considerar que este se está excediendo en sus poderes. EFE/ Kent Nishimura / POOL. ARCHIVO / KENT NISHIMURA / POOL / EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este viernes un golpe monumental a la presidencia de Donald Trump y ha echado por tierra la mayoría de los aranceles que ha impuesto el republicano, específicamente aquellos que llamó engañosamente “recíprocos”, que afectan entre otros muchos socios comerciales a la Unión Europea, y algunos de los impuestos a México, Canadá y China.

En una decisión que se anticipaba, especialmente tras la vista de argumentos que tuvo lugar en noviembre en la que jueces conservadores mostraron escepticismo ante los argumentos de Trump, el Alto Tribunal ha determinado que el mandatario ha vulnerado la Constitución al acogerse a la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Externas (IEEPA por sus siglas en inglés) para imponer gravámenes a la mayoría de sus socios comerciales. Concretamente, el Supremo ha dicho que "la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Usurpar el poder del Congreso

"Cuando el Congreso ha delegado sus poderes arancelarios lo ha hecho en términos explícitos y sujetos a límites estrictos", ha escrito el juez John Roberts, presidente del Supremo, en la decisión mayoritaria, donde se lee también que la interpretación que hacía el presidente de una ley que menciona palabras como aranceles, gravámenes o impuestos "representaría una expansión transformadora de su autoridad sobre política arancelaria".

Junto a Roberts, presidente conservador, han votado dos magistrados nombrados por Trump y las tres juezas progresistas. En contra se han mostrado tres de los conservadores: Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh.

Se trata de una sentencia con profundas implicaciones políticas y económicas no solo para Trump y su política comercial y económica, sino para empresas y ciudadanos y para la economía global, aunque el efecto inmediato que puede tener la decisión no está claro.

No se sabe, por ejemplo, cómo puede afectar a acuerdos bilaterales comerciales que Trump ha alcanzado usando los aranceles como medida de presión. Y otra de de las posibilidades, ya anticipada por demandas planteadas en los tribunales, es que las empresas importadoras estadounidense que han estado pagando kis aranceles empiecen a pedir reembolsos, un proceso que puede ser caótico y complicado.

En su opinión de disenso, el juez Kavanaugh ha alertado sobre esas dos dudas, que no se resuelven en la sentencia. Ha escrito que "el proceso de reembolso puede ser un desastre" y también ha apuntado a las dudas sobre el futuro de los pactos comerciales.

El 60% de los 250.000 millones de dólares que EEUU ingresó por gravámenes el año pasado llegaron por los impuestos a través de la IEEPA. Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que ha indignado a la Casa Blanca, ha calculado que los ciudadanos y negocios estadounidenses han acabado pagando el 90% de esos aranceles.

Incluso algunos republicanos en el Congreso habían empezado a mostrar su rechazo a la política de Trump, o al menos a intentar recuperar su poder. Este mismo mes seis conservadores votaban en la Cámara Baja con los demócratas a favor de retirar aranceles impuestos a Canadá.

La reacción de Trump y de la UE

Las primeras reacciones no han tardado en llegar. Aunque Trump y la Casa Blanca a la hora de escribir estas líneas mantenían públicamente silencio, el mandatario ha dicho que es "una vergüenza" en una reunión con gobernadores, según ha informado CNN gracias a fuentes dentro de esa reunión, en la que no se ha permitido estar a la prensa. El mandatario, según la cadena, ha dicho también que tiene preparado un plan por si la decisión llegaba.

Desde la Unión Europea, el portavoz para la política comercial de la Comisión Europea, Olof Gill, ha dicho que el bloque “toma nota del fallo" y lo está "analizando detenidamente”, informa Beatriz Ríos.

Según Gill, el Ejecutivo comunitario está en contacto con la administración Trump para aclarar “qué medida pretende tomar en respuesta a este fallo”. El portavoz ha asegurado en cualquier caso que la UE sigue trabajando para rebajar los aranceles existentes. “Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial”, ha dicho Gill.

Cautela similar han mostrado los canadienses. “La decisión del Supremo es una sentencia legal, no un reseteo de la política comercial de EEUU", ha dicho Candace Laing, presidenta de la Cámara de Comercio. "Canadá debe prepararse para el uso de nuevos mecanismos, más contundentes, para reafirmar la presión y que tienen el potencial de tener efectos más amplios y de disrupción".

"Promesa de reacción inmediata"

Trump ya había asegurado repetidamente previamente a este viernes que tenía en cartera planes por si se producía esta decisión y se anticipa que tratará de usar otras autoridades para intentar replicar la actual política arancelaria. 

Su representante comercial, Jamieson Greer, ha dicho en el pasado que en caso de una sentencia en contra, el gobierno "empezará al día siguiente" a reimponer aranceles "para responder a los problemas que el presidente ha identificado". "La realidad es que el presidente va a seguir teniendo aranceles como parte de su política comercial", avanzaba.

En la transición, los socios comerciales que ya se han visto gravados por Washington o que han negociado acuerdos para tratar de limitar o equilibrar aranceles podrían verse castigados si intentan usar la decisión del Supremo para mejorar sus condiciones o sus negociaciones.

“Cuestión de vida o muerte”

Trump lleva meses diciendo que el caso, que nació del reto legal de varios pequeños negocios a los que se sumaron una docena de estados, es “literalmente cuestión de vida y muerte” para el país. 

Ha dicho también que EEUU vivirá un "colapso económico" si se anulan sus aranceles y ha llegado a declarar que se convertirá en una "nación del tercer mundo". Ha defendido repetidamente también que el Supremo debía mantenerlos, argumentando que sin su política comercial EEUU “está virtualmente indefenso contra países que durante años se han aprovechado” del país. 

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendía la estrategia de Trump justo después de que el mandatario volviera a sacudir el mundo con las amenazas arancelarias a Europa por Groenlandia. "La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional", declaraba Bessent antes de irse a Davos, argumentando que Trump está "usando el poder económico de EEUU para evitar una guerra caliente".

En noviembre, cuando el Supremo escuchó los argumentos del caso, la mayoría de los magistrados, y no solo la tres progresistas, habían mostrado escepticismo ante el uso de poderes de emergencia que Trump se ha atribuido para imponer aranceles a las importaciones de prácticamente todos los socios comerciales de EEUU, más de 100 países. 

Es el primer mandatario de Washington que, desde que la IEEPA se aprobó en 1977, acude a esa norma para imponer gravámenes. Otros presidentes la han usado, pero para sanciones o embargos.

Entre los magistrados conservadores que cuestionaron la argumentación del presidente estuvo la jueza Amy Coney Barrett. “¿Está diciendo que todos los países necesitan ser gravados por las amenazas a las bases industriales y de defensa? ¿España? ¿Francia? Podría entenderlo con algunos países, pero explíqueme por qué tantos países necesitan esa política de aranceles recíprocos”, le dijo con incredulidad entonces al procurador general, John Sauer.

Tanto la jueza nombrada por Trump como Neil Gorsuch, que llegó al Alto Tribunal también de manos del republicano, cuestionaron también la vulneración aparente de la separación de poderes, pues es el Congreso el que según la Constitución tiene el poder de gravar. Gorsuch advirtió de que podían estar ante “un proceso unidireccional de concentración gradual pero continua de poder en el ejecutivo, alejándolo de los representantes electos del pueblo en el Congreso."

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El argumento que planteó en respuesta Sauer es que el presidente no está usurpando los poderes que la Constitución da a las Cámaras para tasar, sino que está regulando el comercio internacional. Sauer también defendió que el hecho de que los aranceles consigan ingresos es “solo secundario”. Trump, no obstante, constantemente presume de todo lo que está recaudando con los aranceles.

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