Allá por diciembre de 2020, a días de ser aprobada la reforma a la Ley Seguridad Nacional promovida por el entonces presidente López Obrador, el entonces fiscal general de Estados Unidos (en el primer mandato de Donald Trump), William P. Barr, hacía pública su “preocupación” porque tal modificación legal, entre otros elementos, regularía y acotaría la actuación de agentes de la DEA en territorio mexicano “y en general” a los integrantes de todas las agencias gringas –y de otras naciones– acostumbradas a meter la mano a fondo en nuestro país sin pedir permiso a nadie y con la complacencia del régimen neoliberal.

Con lágrimas de cocodrilo, dicho funcionario se quejaba de que los citados cambios “harían que estuvieran menos seguros los ciudadanos, tanto de México como de Estados Unidos; la aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta”. Y se quedó tan fresco.

Lo cierto es que, transcurrido el tiempo, el aparato de “inteligencia” de EU se ha pasado la nueva legislación por el mismísimo arco del triunfo y de lo mucho que al vecino........

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