El derecho de Cuba a cultivar, procesar y comer sus propios alimentos está bajo asedio.

En julio, el Departamento de Estado de EEUU anunció una nueva ronda de amplias sanciones económicas contra Cuba, dirigidas a industrias que históricamente habían sido eximidas, limitando la capacidad del gobierno cubano para comprar productos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos a terceros países, al señalar específicamente al importador estatal de Cuba (GECOMEX) y al operador portuario (GEMAR).

Esto sucede en el contexto del bloqueo petrolero que EEUU mantiene contra Cuba desde hace meses, el cual ya ha empobrecido a la población en general al obstaculizar el saneamiento básico y la seguridad alimentaria, y ha matado a decenas de pacientes en hospitales cubanos. Una delegación del Congreso estadounidense que visitó la isla a principios de julio describió la situación sobre el terreno como una «Gaza silenciosa».

Dado este contexto, puede sorprender saber que EEUU sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Cuba, habiendo exportado el año pasado bienes por más de 828 millones de dólares. Detrás de la aparente contradicción de que EEUU sancione a un país con el que hace negocios, hay una estrategia tan antigua como el imperialismo mismo. Trump está absolutamente dispuesto a venderle alimentos y otros bienes selectos a Cuba, pero quiere el monopolio de ese comercio.

Una pesadilla de cumplimiento normativo

Durante décadas, las sanciones estadounidenses contra Cuba apuntaron a industrias cautivas como la minería y el turismo, ambas fuentes importantes de divisas para el gobierno cubano. Durante ese tiempo, EEUU se abstuvo de sancionar a las entidades que importan ciertos bienes hacia Cuba, ya que esas transacciones implican la salida de divisas del país, muy a menudo hacia empresas estadounidenses, pagadas en su totalidad y por adelantado.

Las operaciones mineras y las cadenas hoteleras que operan en Cuba están acostumbradas a moverse en entornos regulatorios complejos (como la mayoría de las grandes empresas de esas industrias). Estas también tienden a ser empresas más pequeñas, que no cotizan en bolsa. Pero el hecho de que el Departamento de Estado haya señalado específicamente a GECOMEX y GEMAR, que facilitan la importación y exportación física de prácticamente todo lo que entra y sale de la isla, eleva los riesgos de cumplimiento normativo para las empresas manufactureras y navieras. Esto en sí mismo constituye una escalada notable.

Por ejemplo, una firma como el Grupo Bühler, un consorcio industrial suizo, ahora enfrenta riesgos de incumplimiento normativo si le vende equipos de molienda de granos a Cuba. Lo mismo ocurre con una empresa de un tercer país que pudiera venderle maquinaria para la limpieza y clasificación de legumbres. Si GECOMEX no puede importar equipos, sus filiales no pueden procesar eficientemente productos agrícolas básicos como el trigo y los frijoles, lo que a su vez reduce los alimentos básicos que llegan a los hogares cubanos.

Las sanciones contra GEMAR, el operador portuario, son aún más directas, ya que generan riesgos de incumplimiento normativo para cualquier empresa naviera que le pague tarifas de atraque. Más de siete mil contenedores con destino a La Habana están ahora varados en distintos puntos del Caribe, después de que empresas como Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieran sus operaciones con Cuba. De modo que, aunque existen excepciones humanitarias que permiten la importación de alimentos a Cuba por parte de terceros países, esta nueva ronda de sanciones podría obstaculizar seriamente esos envíos.

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