La declaración de emergencia económica y social decretada por el gobierno para seguir exprimiendo con impuestos a los ciudadanos, que terminan un año de dificultades exageradas, como consecuencia de la no aprobación del Congreso a la nueva carga impositiva.

Con una deuda pública excesiva del 62 % del PIB y un gasto a manos llenas en contratos de prestación de servicios para ejecutar sin descanso la campaña de su candidato, el gobierno ha sido altamente irresponsable y llega a fin de año sin recursos en caja y ahora pretende legislar por decreto, aprovechando las vacaciones colectivas del sector justicia, que incluye la Corte Constitucional. Saben cositas.

Desde luego el artículo 215 de la carta política establece........

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