En el Perú solemos pensar que la inversión depende del crecimiento económico, del tipo de cambio o de la inflación. Miramos el PBI, el déficit fiscal, la deuda pública. Discutimos sobre el precio del cobre y el impacto de China. Pero, curiosamente, los inversionistas que realmente ponen dinero en infraestructura, minería o energía miran otras cosas. Cosas que casi no aparecen en los indicadores macroeconómicos. Los inversionistas no leen primero los indicadores macroeconómicos. Leen los contratos, revisan los arbitrajes, preguntan por los conflictos sociales y tratan de responder una sola duda: si en el Perú los contratos se firman para cumplirse o para discutirse después. En las últimas semanas, dos casos han vuelto a poner este tema sobre la mesa: el arbitraje anunciado por una gran constructora internacional tras la resolución de contratos de obras públicas, y el caso de una empresa minera extranjera que ganó un arbitraje internacional porque el Estado no pudo garantizar el acceso a su proyecto frente a protestas sociales. A primera vista parecen casos distintos —uno de infraestructura y otro de minería—, pero en realidad cuentan la misma historia. La historia de que el principal riesgo del Perú ya no es económico. Es institucional. Durante años, el Perú le ha dicho al mundo que es un país macroeconómicamente ordenado; baja deuda, inflación controlada, estabilidad monetaria, apertura comercial. Todo eso es cierto. Pero cuando una empresa decide invertir cientos o miles de millones de dólares, no solo mira la macroeconomía. Mira algo mucho más concreto: si podrá ejecutar su proyecto sin que el contrato se rompa en el camino. Y ahí aparece la contrariedad. En el Perú los proyectos muchas veces se licitan sin estudios definitivos, sin terrenos liberados, sin permisos completos y sin resolver interferencias. El contrato se firma incompleto, la obra empieza, aparecen problemas técnicos, sociales o prediales, se negocian adendas, intervienen múltiples entidades del Estado, aparecen investigaciones, la Contraloría observa decisiones, los funcionarios prefieren no firmar cambios, el proyecto se paraliza, se resuelve el contrato o se inicia un arbitraje. Y el proyecto que debía terminarse en tres o cuatro años termina demorando diez, o más. Este no es un problema legal. Es un problema de cómo funciona el Estado. En el Perú, un inversionista no negocia solo con la entidad que firma el contrato. En la práctica negocia con la Contraloría, con el regulador, con el gobierno regional, con la municipalidad, con el Poder Judicial, con la Procuraduría, con las comunidades, con el Congreso y, muchas veces, con la opinión pública. El contrato es solo el inicio de una negociación que dura toda la vida del proyecto. Por eso el Perú se ha convertido, silenciosamente, en uno de los países con más arbitrajes de infraestructura en la región. El arbitraje ya no es la excepción del sistema. Se ha vuelto parte del sistema. Esto tiene una consecuencia económica concreta: el riesgo no desaparece, solo se vuelve más caro. Cuando aumenta el riesgo contractual, aumenta el costo de financiamiento. Cuando aumenta el costo de financiamiento, suben los peajes, las tarifas eléctricas, el costo del agua, el costo de los aeropuertos y, en general, el costo de la infraestructura que todos usamos. Al final, los arbitrajes no los paga el Estado. Los paga el país. La gran paradoja del Perú es que probablemente no tenemos un problema de falta de inversión ni de falta de dinero para infraestructura. Tenemos un problema de gobernanza de contratos. Sabemos licitar proyectos, pero todavía no sabemos gestionarlos hasta el final sin conflictos. Quizá por eso la mejor forma de entender la inversión en el Perú hoy no es mirando el PBI ni la inflación, sino mirando cuántos arbitrajes tiene cada proyecto.

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