En la órbita del oficialismo se volvió un lugar común criticar que jueces, magistrados y ministros admitieran los recursos que se interpusieron contra la reforma al Poder Judicial. Se explicaba que al hacerlo incurrían en un conflicto de interés –estar en la posición adjudicar sobre una cuestión que les afectaba directamente–. El argumento tenía su mérito, es verdad que el caso podía poner en entredicho la imparcialidad de los juzgadores, generar dudas sobre si los resolvían conforme a derecho o según su conveniencia. El problema, sin embargo, es que apelando a ese conflicto de interés se evadían las preguntas de fondo: ¿Atenta la reforma contra la Constitución? ¿Es violatoria de derechos? ¿A quién, si no al propio Poder Judicial, le corresponde dirimirlo? Además, al querer negar la posibilidad de que los juzgadores se pronunciaran al respecto, ¿no incurrían los propios líderes de la coalición obradorista también en un conflicto de interés, queriendo arrogarse la facultad de decirle al Poder Judicial cómo decidir respecto a la reforma........

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