El litio es un mineral crítico para la transición energética y el enfrentamiento del cambio climático, debido a su uso en la fabricación de baterías y el desarrollo de la electromovilidad. Chile es el segundo exportador de litio a nivel mundial, concentrando el 34% de la producción global y albergando la principal reserva comprobada de litio en el Salar de Atacama. Esto ha transformado al mineral en una pieza clave de la economía nacional y en una fuente significativa de recaudación fiscal.

Sin embargo, la industria del litio no se encuentra exenta de riesgos de corrupción. Un informe de Fundación Terram presentado esta semana adapta la metodología desarrollada por la ONG internacional NRGI para identificar los riesgos de corrupción y captura del Estado en esta industria. Como es de esperar, el análisis histórico levanta una serie de alertas relacionadas a los casos de financiamiento ilegal de la política e influencia indebida en la formulación de leyes que involucraron a la empresa SQM. Aunque la regulación ha mejorado sustantivamente desde que se destaparon estos escándalos (en parte gracias a las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de 2015), aún quedan deudas pendientes y aspectos que actualizar.

Así, es necesario evaluar la aplicación de la Ley de Lobby durante sus 10 años de vigencia y pensar en reformas que se hagan cargo de sus falencias y de las nuevas formas de ejercer influencia, asegurando la igualdad y transparencia en el acceso a la autoridad. Ello debería ir acompañado de una regulación efectiva de la ‘puerta giratoria’ que ha existido entre cargos de la industria y de los órganos públicos que la regulan.

Es clave también avanzar en la transparencia de los ingresos fiscales derivados del litio. Como han alertado actores como el Consejo Fiscal Autónomo y Espacio Público, los ingresos tributarios asociados al litio no se publican individualizados en las estadísticas oficiales, dificultando su análisis. Además, los montos transferidos por las empresas a los gobiernos subnacionales, a las comunidades indígenas y al desarrollo e investigación no están sujetos a los estándares de transparencia habituales de las cuentas fiscales. Adicionalmente a los esfuerzos que la Dipres pueda efectuar en estos ámbitos, es clave que Chile se sume al estándar internacional EITI, siguiendo la confirmación que ha hecho el gobierno en ese sentido.

Por último, resulta fundamental avanzar en mejorar la probidad de gobiernos regionales y municipales, para asegurarnos de que los cuantiosos recursos que reciben del litio sean utilizados en el real mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Sólo así la industria del litio logrará no sólo aportar a la mitigación del cambio climático, sino que también al desarrollo de las comunidades que habitan el territorio en que se realizan las actividades extractivas.