La suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá por parte de la Fiscalía General, a petición del comisionado de Paz, Otty Patiño, es decir, del Presidente de la República, Gustavo Petro, despierta una nueva y enconada polémica, como si faltaran en este gobierno.

Es una decisión muy delicada que tensa de nuevo la cuerda entre el Gobierno Nacional y los mandatarios seccionales, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez. Pero no solo les preocupa a ellos y a millones de personas en esa región, sino al país. Inclusive a Estados Unidos, que debe de estar mirando con inquietud que algunos extraditables logren tantas gabelas.

Porque quienes reciben esos beneficios por seis meses no son ladrones de ovejas, son poderosos capos de clanes con origen en los grupos de Pablo Escobar. Son los herederos de ‘don Berna’, como ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’. Son los líderes de temibles bandas como la ‘Oficina de Envigado’, ‘los Mesa’ y ‘la Terraza’. Y esos nombres, por su historial criminal, producen miedo y zozobra. Nueve de ellos tuvieron presentación en sociedad en el polémico ‘tarimazo’, al lado del Presidente de la República.

El comisionado de Paz justifica el osado acto en que hay avances concretos en los diálogos con estas bandas criminales. Lo ideal, entonces, es que el país conozca tales avances. Y asegura el Gobierno que en los dos años de las “mesas jurídicas” los homicidios en la región han caído. Aunque los gobiernos seccionales dicen que esos resultados son consecuencias de sus políticas de choque contra el crimen.

El asunto va más allá. Es inevitable pensar en el momento y en la intencionalidad política. Puede que los capos tengan la permanente mirada del Inpec, pero es incluso cándido no ver el enorme riesgo de semejantes bandas en aires de libertad que, según el alcalde de Medellín, tienen en sus estructuras activas a más de 1.200 hombres armados, frente a una campaña electoral.

El presidente Gustavo Petro salta aquí un aro en llamas y no puede ignorar las razonables advertencias que desde diversos ángulos le hacen

Preocupa sobremanera ese poder de coacción y hasta de compra de conciencias. “Tienen bajo su responsabilidad más de 100 combos. Tienen una gran capacidad en algunos barrios y sectores de Medellín y del Valle de Aburrá para coartar, para impedir que los antioqueños puedan ir el próximo fin de mayo libremente a las urnas”, dice el gobernador de Antioquia.

Es verdad que la paz es un anhelo. Y es justo y necesario buscarla. Eso no tiene discusión, pero no se puede improvisar, ni olvidar los costos y las consecuencias para la sociedad, que están por encima de intereses personales y políticos. Dentro de la errática política de ‘paz total’ está el triste espejo, que no se puede ignorar, del caso ‘Calarcá’, que delinque a su antojo al amparo de la suspensión de la orden de captura.

El presidente Gustavo Petro salta aquí un aro en llamas y no puede ignorar las razonables advertencias que desde diversos ángulos le hacen. Tiene que tomar todas las prevenciones, pensando en las responsabilidades políticas que recaen sobre sus hombros, si en esta peligrosa apuesta, antes que tranquilidad, deja una herencia más bien escabrosa a su sucesor o sucesora.

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