El más reciente balance sobre siniestralidad vial en Bogotá, aunque doloroso, termina desempeñando una función que no puede ser ignorada: poner de frente una realidad que durante años ha permanecido en un segundo plano. El documento contiene cifras muy preocupantes: de 162 personas fallecidas hasta el 5 de abril este año en accidentes viales, tres de cada 10 eran adultos mayores, en particular en hechos que involucran motocicletas. Datos que no solo estremecen, sino que obligan a reabrir un debate que no admite más dilaciones ni evasivas.

Porque detrás de cada número hay una historia truncada, pero también un patrón que exige respuestas claras de las autoridades. Saber que una población que realiza una fracción menor de los viajes concentra una proporción tan alta de las muertes en las vías revela una falla estructural. Y hay que ser claros: no se trata de episodios aislados ni de fatalidades inevitables, sino de un problema persistente que sigue sin solución de fondo y demanda decisiones de las instancias públicas y un compromiso mucho mayor de la ciudadanía.

Desde luego, el cuadro que presenta el balance en cuestión no puede convertirse en una cruzada contra las motocicletas. Este vehículo, que se ha consolidado como una alternativa legítima de movilidad y sustento para miles de personas, cumple una función social y económica innegable. Pero ello no obsta para recordar que su uso implica responsabilidades ineludibles para quienes lo utilizan. Respetar las normas de tránsito, acatar los límites de velocidad y asumir una conducción prudente no son opciones, sino condiciones básicas para la convivencia y la protección de la vida, sobre todo de los más vulnerables. Los motociclistas deben ser objeto de exigencia máxima porque eso se traduce también en el cuidado de su integridad.

Urge rediseñar las vías, reforzar los controles y, sobre todo, consolidar alternativas de transporte público masivo.

Conviene destacar que el debate ha venido avanzando en una dirección que resulta, al menos, más consciente. Cada vez es más evidente que la infraestructura urbana, concebida durante décadas bajo una lógica que privilegiaba la velocidad y la fluidez vehicular, termina excluyendo a quienes más protección necesitan. El caso de los puentes peatonales es ilustrativo: pensados como soluciones indispensables de seguridad, en muchos casos se han convertido en barreras que obligan a las personas —en especial a los adultos mayores— a optar por cruces riesgosos a nivel.

Pero no basta con reconocer estas falencias. Es indispensable avanzar hacia transformaciones de fondo que pongan en el centro, reiteramos, a los más vulnerables. Ello implica rediseñar las vías, reforzar los controles efectivos y, sobre todo, consolidar alternativas de movilidad que, como el metro, TransMilenio y el SITP Zonal, incentiven a la ciudadanía a preferir el transporte público masivo. Y si se piensa en el bien común, este siempre será la mejor alternativa, no solo por eficiencia, sino por seguridad y sostenibilidad.

Por último, es evidente que hoy la realidad demográfica de Bogotá es otra, y las tendencias, como en tantas ciudades del mundo, apuntan a un progresivo envejecimiento de la población. Adaptar la ciudad a quienes la habitan —en especial a quienes enfrentan mayores riesgos— no es solo una tarea pendiente: es un imperativo ético impostergable. Así como fortalecer el sentido de responsabilidad al conducir.

© El Tiempo