La democracia colombiana entra en la recta decisiva de la campaña presidencial de 2026 con una exigencia que debería ser elemental, pero que hoy es necesario subrayar: la Presidencia de la República debe brindar todas las garantías para este proceso electoral. Genera preocupación que haya que recordar con insistencia que el jefe de Estado está obligado a proteger las reglas, rodear a las instituciones y transmitir confianza pública.

Inquieta que en vez de contribuir a un necesario clima de serenidad, desde la propia Casa de Nariño se hayan multiplicado mensajes en distintos frentes que erosionan la credibilidad de la contienda. Uno de ellos es la narrativa sistemática de la cabeza del Ejecutivo en contra del proceso electoral y de la Registraduría.

El primer mandatario no ha cesado en sembrar peligrosas dudas sobre el sistema electoral, aun cuando las elecciones del pasado 8 de marzo dejaron, en términos generales, un balance muy positivo. Varias auditorías sobre seguridad y tecnología han emitido partes de tranquilidad respecto a estos comicios, en los que, hay que resaltarlo, el partido gobiernista registró históricos resultados.

Más aún, hace pocos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Petro abstenerse de emitir mensajes sobre fraude procesal en las elecciones sin tener ninguna prueba sobre esos hechos. Además, tendrá que rectificar sus afirmaciones en tal sentido sobre las elecciones de 2014, 2022 y los recientes comicios parlamentarios. Es democrático que la Registraduría esté sometida al escrutinio ciudadano. Pero una cosa es la vigilancia legítima, y otra, el hostigamiento político desde el poder presidencial en un propósito de deslegitimación. Eso no solo es injustificado, sino irresponsable.

Pero el panorama es ahora más preocupante a raíz de sus señalamientos contra un candidato de la oposición. Sin aportar pruebas, habló de un supuesto intento de acuerdo entre el aspirante Abelardo de la Espriella y la firma Thomas Greg & Sons para favorecerlo en las elecciones. Al aludir a informes de inteligencia, el Presidente abrió la puerta a las preguntas sobre si existen interceptaciones ilegales de las conversaciones de los opositores políticos por agencias del Estado.

La mera posibilidad del uso e instrumentalización del aparato estatal y de organismos de inteligencia para chuzadas o espionaje a la oposición es inadmisible y muy grave. En especial cuando el candidato De la Espriella retó al Presidente a revelar los audios sobre estos supuestos ofrecimientos y el silencio del mandatario ha sido elocuente. Enlodar el proceso electoral y minar la confianza pública es peligroso. Un jefe de Estado no puede seguir lanzando acusaciones, que son bolas de nieve y ponen en duda las instituciones o el proceder de las personas, cuando no su honra, y dejarlas en el aire.

Pero hay un frente adicional que también compromete el deber presidencial de blindar la contienda. El intento de levantar órdenes de captura contra líderes de bandas criminales urbanas evidenció una señal institucional equivocada, no obstante la correcta reacción de la Fiscalía, que con sensatez las reactivó. Más allá de la discusión jurídica puntual, lo cierto es que en un año electoral no puede banalizarse el poder de estructuras criminales que controlan territorios, ejercen intimidación sobre comunidades y tienen capacidad de influir, directa o indirectamente, en la libertad del sufragio.

La democracia requiere de un gobernante que no trate de inclinar la balanza a favor de su heredero en campaña, que ofrezca máximas garantías a todos los candidatos opositores y que dé muestras claras de transparencia

Es perentorio ratificar que unas elecciones libres pasan por la capacidad del votante, tanto urbano como rural, de ejercer su derecho sin miedos ni presiones. De allí la inconveniencia y los riesgos del momento escogido por el Ejecutivo para buscar darles beneficios a estos jefes criminales, que, dicho sea de paso, le recordaron al país –con el parrandón vallenato que realizaron a sus anchas en la cárcel de Itagüí–, las indignantes historias de La Catedral, la cárcel a la medida de Pablo Escobar.

En vez de elevar los riesgos electorales por la vía de darles gabelas a este tipo de capos, la administración Petro haría bien en estar más concentrada y preocupada por los municipios donde las alarmas en torno a los comicios están disparadas debido a la presión de los grupos armados.

En conclusión, lo que Colombia necesita es una Presidencia que además de evitar su participación indebida en política electoral, como ya se ha dicho en estas líneas, comprenda su deber constitucional de brindar todas las condiciones para el desarrollo libre de la campaña. El mandatario debe entender que la democracia requiere de un gobernante que no trate de inclinar la balanza a favor de su heredero en carrera, que ofrezca máximas garantías a todos los candidatos opositores, que dé muestras claras de transparencia y que lidere con las demás autoridades una estrategia para proteger el voto. Es decir que cumpla su deber.

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