Los debates presidenciales bien pueden contarse entre los escenarios más valiosos de una democracia. Allí no solo se confrontan ideas, sino que se somete a los candidatos al escrutinio público, se contrastan propuestas y se facilita que el ciudadano tome decisiones informadas a la hora de votar. Por eso, la discusión que hoy se da en torno a sus condiciones no es menor.

La controversia reciente, marcada por las exigencias planteadas por el candidato Iván Cepeda para definir con quién debatir y bajo qué parámetros, ha dado pie a un debate sobre hasta dónde es legítimo que los aspirantes fijen las reglas de estos espacios. Al respecto, se puede decir que es razonable pedir orden, moderación imparcial y tiempos equitativos, habida cuenta de que sin reglas no hay deliberación seria. Pero una cosa es estructurar el formato, y otra, muy distinta, intentar controlar el contenido.

Las condiciones ponen en entredicho las libertades y la imparcialidad de los medios. Y es precisamente esa libertad la que da sentido al debate. Pretender limitar los temas, encauzar las preguntas o definir de antemano el alcance de la controversia simplemente desnaturaliza el ejercicio democrático. Por el bien de una campaña enriquecida y del país, los aspirantes no pueden pretender que la discusión solo transite por terrenos en los que se sienten cómodos, sino que deben estar dispuestos a demostrar su solidez en todos los campos.

El debate implica exposición, escrutinio y, en ocasiones, incomodidad. Es lo procedente si lo que se pretende es llegar a la Casa de Nariño.

También es necesario insistir en un principio básico: el debate no es de los candidatos, es de los ciudadanos. Por eso la razonable insistencia en que sean los organizadores quienes definan las reglas, establezcan las preguntas y garanticen la independencia del ejercicio. Solo así, con respeto y altura, se evita que estos espacios se conviertan en escenarios con propósitos distintos a los que se derivan de su esencia.

La discusión actual también deja en evidencia que a estas alturas la campaña ha estado marcada por la falta de debates amplios, con la participación del mayor número posible de aspirantes. En particular, ha llamado la atención la ausencia en estos escenarios de quien hoy lidera la contienda, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Ante esta realidad es inevitable y necesario recordar que el precedente reciente va en otra dirección. Hace cuatro años el entonces candidato Gustavo Petro participó en múltiples debates, entendiendo seguramente que el contraste abierto de ideas es parte esencial de la legitimidad democrática.

Aquí lo que está en juego es la calidad del proceso electoral. Los candidatos deben entonces asumir que el debate implica exposición, cuestionamiento, escrutinio y, en ocasiones, incomodidad, pero también un valioso espacio para exponer sus ideas. Es lo procedente si lo que se pretende es llegar a la Casa de Nariño.

En suma: la importancia de los debates es que son herramientas útiles y necesarias para la decisión del voto, y esto no puede estar sujeto a condiciones ni a exigencias que puedan sonar coartadoras de la posibilidad democrática. La gente necesita formarse un juicio, oír de todos los temas y a la mayor cantidad de voces posibles: de derecha, izquierda y centro. Es un derecho que no se debe negar.

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