Colombia no es, aún, un país viejo. Tiene 14,8 millones de jóvenes y adolescentes –personas de entre 12 y 28 años de edad–, que conforman aproximadamente el 27,8 % de la población. Sin embargo, el efecto conocido como ‘bono demográfico’ comienza a agotarse y el tiempo apremia. Para aprovechar los años que nos quedan de este fenómeno, el país debe implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de estos colombianos menores de 30 años.

Esas son las conclusiones del ‘Análisis de situación de la población adolescente y joven 2026’, un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), basado en fuentes como el Dane y otras entidades estatales y no estatales.

Los investigadores del desarrollo acuñaron el término ‘bono demográfico’ para referirse al periodo en que una sociedad tiene más personas en edad de trabajar que dependientes, lo cual es una oportunidad esencial para crecer económicamente. En el caso colombiano, el país se encuentra en una etapa de transición demográfica avanzada. Su población, en otras palabras, está envejeciendo. Hacia mediados de este siglo, habrá más personas dependientes que personas trabajando. Si el país quiere beneficiarse de las dos décadas que le quedan de bono demográfico, tiene que enfocarse en las problemáticas que aquejan al segmento joven de la ciudadanía. Y no son pocas. Además, la lista es preocupante.

El crítico estado de nuestros jóvenes y adolescentes debe ser una alerta para la dirigencia actual y para quienes aspiran a sucederla.

Tres de cada cuatro jóvenes y adolescentes no tienen garantizados sus derechos a plenitud. Cuatro de cada diez están en condiciones de pobreza multidimensional. Sus tasas de intento de suicidio son superiores a las del resto de la población. El acceso a la educación sigue siendo difícil, en particular en los niveles medio y secundario. Persisten cifras preocupantes de embarazo adolescente. La geografía sigue determinando su destino: en departamentos históricamente rezagados, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la debilidad institucional impiden que la juventud despliegue su verdadero potencial. Las inequidades afectan de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes.

La urgencia de actuar, entonces, es por partida doble. Primero, porque el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas que beneficien a toda la ciudadanía, jóvenes y mayores. Pero, adicionalmente, porque, como indica la teoría del bono demográfico, los jóvenes son una palanca económica que, por la vía del crecimiento, pueden beneficiar a toda la nación. Un bono demográfico mal aprovechado tiene dos consecuencias. No solo es el desperdicio de una oportunidad histórica, que no se va a repetir: se transforma, además, en desempleo, pobreza y frustración para toda una generación.

El crítico estado de nuestros jóvenes y adolescentes, que refleja este estudio, debe ser una alerta tanto para la dirigencia actual del país como para quienes aspiran a sucederla. La juventud no es un grupo poblacional más. Es, por definición, el futuro inmediato del país. Pero ese futuro no está garantizado. Depende de decisiones que deben tomarse hoy.

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