Aquella conocida expresión según la cual toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar acaba de refrendarse en el caso de la salud. Todo a raíz de la orden perentoria dada por el Presidente de la República a su ministro de Hacienda el lunes, en el sentido de liquidar “todas las EPS que estén en quiebra”.

Aun para un país acostumbrado a los exabruptos provenientes de la Casa de Nariño, esta nueva salida constituye un hito. El motivo es que si el mandatario tuviera un mínimo sentido de autocrítica, debería reconocer el papel determinante que ha jugado su administración al hacer inviable el modelo de aseguramiento y, en particular, a las instituciones que han estado bajo el control de su gobierno.

Basta recordar que la Superintendencia Nacional de Salud tiene vigentes ocho medidas de intervención administrativa sobre EPS del régimen contributivo y subsidiado que, al cierre del pasado enero, contaban con el 47 por ciento de los afiliados al sistema. Dicha cantidad era de 23,4 millones de personas, adscritas la mitad a la Nueva EPS, y una cuarta parte adicional, a Coosalud y Famisanar.

Es este grupo de entidades el que muestra los indicadores de gestión más malos, los cuales se han empeorado bajo la tutela gubernamental. Según los reportes oficiales, antes de ser intervenidas, las sociedades en cuestión mostraban un patrimonio negativo de 4,1 billones de pesos y pasivos por algo más de 10 billones. Con corte a noviembre, el deterioro patrimonial fue de 11 billones de pesos adicionales, y las acreencias se incrementaron en 13,7 billones de pesos.

Resulta preocupante que esta parezca una manera de hacer por la puerta de atrás lo que los tribunales negaron por la de enfrente.

Entender por qué en un lapso relativamente corto se produjo semejante debacle no es difícil. Fuera de una política explícita de estrangular a las EPS, hay que agregar el desgreño administrativo que incluye el paso, hasta enero, de 33 interventores designados por los cuatro superintendentes que bajo este gobierno han pasado por el cargo. Eso para no hablar de las denuncias de cuotas, tráfico de influencias y corrupción, que no son pocas.

Quienes han pagado los platos rotos de semejante desgreño han sido los colombianos. Son conocidos los múltiples episodios de personas que han muerto porque no recibieron un medicamento o una atención a tiempo. En comparación con los datos de mediados de 2022, el número de peticiones, quejas y reclamos se ha más que duplicado hasta llegar a 205.842 mensuales en septiembre.

De vuelta al presente, todo apunta a que lo dicho por el presidente Petro no se puede desligar del decreto de territorialización (que comentamos en estas páginas), que en buena hora fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Este puso en suspenso la intención de concentrar solo en la Nueva EPS a todos los afiliados bajo la égida gubernamental, por lo cual ahora la intención es acabar con las demás para llegar a lo mismo.

Sin embargo, semejante paso requiere una capitalización billonaria, injustificable en múltiples sentidos. Pero eso no parece importarle a un Ejecutivo que ha desacatado las órdenes de la Corte Constitucional y desea presentar otra vez la misma reforma que el Congreso ha rechazado. Si el legado para la próxima administración ya era pésimo, ahora se encamina a ser todavía más lamentable.

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