Muy preocupante la seguidilla de balaceras en Bogotá en los últimos días. Y lo más grave es que, en la más reciente de ellas, ocurrida en el norte de la capital, resultaron heridas personas que solo transitaban por la calle, incluido un menor de edad. Dos enfrentamientos a bala, en menos de 48 horas, tuvieron notoriedad por las circunstancias en que se presentaron y el lugar donde se desarrollaron, pero no son los únicos casos.

Lo sucedido pone de presente un tema que debe ser abordado inmediatamente: la proliferación de estos artefactos en manos de particulares. En 2025 se incautaron 6.000 armas de todo tipo, lo que dimensiona la gravedad del asunto. Este año, el porte de armas quedó restringido a miembros de la Fuerza Pública y vigilantes, pero lo que muestra la realidad es un creciente comercio irregular de estos aparatos que se emplean en actividades criminales, como hurto, asalto o extorsión.

De acuerdo con cifras oficiales, en el 59 por ciento de los homicidios que se cometen en Bogotá hay comprometida un arma de fuego sin registro; armas que llegan de otras regiones, especialmente por las fronteras, y que ingresan al mercado negro a través de bandas delincuenciales dedicadas al multicrimen transnacional.

Como decíamos, lo que más preocupa es que en este fuego cruzado se ponga en riesgo la vida de inocentes. Entre los seis heridos que dejó la balacera en Barrancas, Usaquén, había un niño de 8 años y tres transeúntes. Sin contar otras situaciones similares que se presentan a diario y tienen que ver con fenómenos como el sicariato, también en auge.

La proliferación de armas ilegales y unas normas que no permiten aplicar justicia más efectiva hacen que hoy sorprenda lo que sucede.

No obstante el esfuerzo de las autoridades, que se refleja en las cifras, particularmente con la reducción de homicidios, hay que ser claros en que se ha bajado la guardia en esta materia. No hay control sobre ese mercado negro, y la ciudadanía se encuentra atemorizada. Faltan labores de inteligencia para enfrentar dicho fenómeno, que, como advertíamos, está relacionado con el accionar de estructuras criminales, lo que obliga a que el Gobierno Nacional también tome medidas.

Y a todo esto se suma la porosidad del sistema judicial y penitenciario. En la balacera que tuvo lugar en los alrededores del Centro Administrativo Nacional (CAN) fue capturado un delincuente con brazalete electrónico, es decir, con detención domiciliaria. ¿Dónde están los controles del Inpec? ¿Por qué antisociales capturados en flagrancia siguen en la calle? Se preguntaba con razón el alcalde Galán.

Tráfico de armas, controladas por poderes mafiosos, vinculadas con toda suerte de delitos, especialmente narcotráfico y control de territorios, y unas normas que no permiten aplicar una justicia más efectiva constituyen el coctel perfecto para que hoy estemos sorprendidos con lo que sucede.

Es clave volver a las requisas, los allanamientos y operativos en aras de combatir este fenómeno. Según los expertos, el control de las armas puede reducir el homicidio en tasas del 12 al 20 por ciento. Lo que no puede suceder es que la ley aplique para quienes tienen salvoconducto y no para los criminales. Evitar su proliferación es una forma de recuperar la tranquilidad y espantar el fantasma de una mayor percepción de inseguridad.

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