Si hay un frente que retrate de cuerpo entero las nuevas amenazas que enfrenta la Colombia de hoy en materia de seguridad y orden público, ese es el de los drones convertidos en armas mortales por los grupos ilegales. Como lo fueron en los peores años del conflicto los tenebrosos ‘cilindros bomba’ y ‘tatucos’ de las Farc, los drones adaptados con explosivos representan un criminal método de guerra que se vio por primera vez en el país en abril de 2023, en medio de la sangrienta avanzada de las disidencias de alias Mordisco por controlar las rutas de la coca y los narcolaboratorios en el Cauca y su andén sobre el Pacífico.

De hecho, ocurrió precisamente en zona rural de Argelia, el municipio caucano cuyas veredas y corregimientos, en especial el tristemente célebre El Plateado, siguen siendo, tres años después, escenario de la operación Perseo, la más grande acción militar desplegada durante este gobierno y que aún no tiene resultados consolidados.

Desde entonces, cada dos días, en promedio, ha ocurrido un ataque terrorista con drones en el territorio nacional. Son al menos 464 atentados que constituyen, de entrada, una abierta infracción a las normas del derecho internacional humanitario, porque se trata de la utilización de armas ‘hechizas’ cuya precisión, como ocurría con las rampas de cilindros y los tatucos, simplemente no existe.

No en vano se cuentan por decenas las afectaciones a los civiles: son casi medio centenar de heridos y al menos 12 las víctimas mortales de drones supuestamente dirigidos contra estaciones de policía y bases militares. Uno de los casos más recordados es el del niño Dylan Camilo, de 10 años, asesinado por las disidencias de ‘Mordisco’ con un aparato que explotó sobre la cancha de fútbol de El Plateado en julio del 2024. Desde el 2023 van 242 militares y 42 policías heridos y, en total, 20 miembros de la Fuerza Pública asesinados.

Hay que ir por los centros de entrenamiento donde se forman los terroristas que vuelan los drones, convertidos en armas criminales.

La banda criminal del capo ya mencionado es responsable de la mayor cantidad de ataques con drones: al menos 270, mucho más de la mitad del total de casos. En ese escalafón criminal, el ‘clan del Golfo’ aparece con 119 atentados; el Eln, con 66, y las disidencias de ‘Calarcá’, 7 ataques. Lamentablemente, todos esos grupos gozaron o gozan aún de las gabelas de la ‘paz total’.

Aunque hay esfuerzos, muchos de ellos apoyados financieramente por las regiones, aún se ve lejos la consolidación de una estrategia del Estado para prevenir y enfrentar la criminal amenaza de los drones.

La utilización de inhibidores de señal y otras tecnologías para impedir el uso de los aparatos contra las fuerzas del Estado es un paso necesario que tiene, sin embargo, serias dificultades a la hora de asegurar financiamiento. Y, al final, ‘blindar’ electrónicamente un país entero es imposible: lo que realmente se necesita es más inteligencia para encontrar y desmantelar los talleres clandestinos y depósitos donde los criminales convierten las tecnologías de punta en una ventaja para sus protervos fines.

Hay que ir por los centros de entrenamiento donde se forman los terroristas que vuelan los drones. Y hay que capturarlos y aplicar sobre ellos todo el peso de la ley y la fuerza del Estado para empezar a revertir un partido en el que, desafortunadamente, los malos ya parecen haber tomado la ventaja.

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