Análisis El lawfare contra Lula da Silva y Rodríguez Zapatero, el mismo modus operandi

La vía del golpe judicial no es un invento español: campó a sus anchas en Brasil desde el primer momento en que Lula da Silva asumió la presidencia del país, el 1 de enero de 2003. Desde entonces, y por muchos años, empezó a actuar un complot urdido por el poder judicial, la cúpula del ministerio fiscal y la policía judicial, con la colaboración de diversas agencias del Gobierno de EEUU y los grandes medios del país (¿les suena de algo?), que buscaba poner de rodillas al sistema constitucional de 1988. Desde esa experiencia, podemos afirmar que los juicios contra del entorno del presidente Pedro Sánchez (las causas abiertas contra su mujer Begoña Gómez, el fiscal general del Estado Álvaro Ortiz, su hermano David Sánchez, etc.) apenas han empezado y tienen todavía mucho recorrido judicial hasta que cumplan su misión: derribar al presidente del Gobierno.

El primer gran juicio contra el Gobierno de Lula se produjo en 2005 con la Acción Penal 470, conocida como mensalão (supuesta compra de votos parlamentarios para aprobar leyes en la Cámara de los Diputados, donde el Gobierno no tenía mayoría).

En junio de 2005, el juicio se cobró la cabeza del que había sido el superministro de Lula da Silva, José Dirceu (condenado en primera instancia en 2012 a 23 años y siete meses de cárcel por corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal), y casi provoca el impeachment del Gobierno del PT con apenas dos años de presidencia.

De no haber sido por los buenos datos macroeconómicos de que gozaba el país y la alta popularidad del presidente, quien optó por enfrentar la embestida de sus enemigos a pie de calle, aquel juicio hubiera sido el entierro político de Lula da Silva. De ese juicio “ejemplar” quedó la famosa frase de la magistrada del Supremo, Rosa Weber (mentora de los principales jueces contra la corrupción), para quien “pese a no haber pruebas, la literatura jurídica me permite condenar” a los acusados.

Lógicamente, un supuesto parecido, la compra de votos para la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso, predecesor de Lula da Silva y preferido de Bill Clinton y de la élite nacional, nunca fue investigado. El Poder Judicial (PJ) aplica dos varas de medir dependiendo únicamente de la sigla política a que pertenece el acusado.

A partir de 2014, estas presiones desembocaron en un nuevo proceso, esta vez ligado “al escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal, Petrobrás, el cual dio lugar al golpe parlamentario (ya que no se cumplía el requisito legal de haber tenido lugar un delito de responsabilidad) contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y culminó con la prisión de Lula en abril de 2018.

La empresa petrolera era codiciada por el capital internacional, mientras que los mandatarios Rousseff y Lula da Silva eran firmes opositores a su privatización. Hasta el día de hoy los jueces no han podido probar la participación del entonces expresidente de Brasil en las mordidas atribuidas a la Petrobrás. A base de indicios de delitos, conjeturas y grandes soflamas se llenaron más de 200 páginas de acusación contra Lula, así como centenares de portadas acusatorias en los medios de comunicación.  

La técnica de lawfare aplicada en Brasil y que parecen seguir también los jueces en España, consiste en la apertura de juicios a partir de informes policiales confusos –o directamente poco fiables– cuyos autos de acusación por lo general carecen de........

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