Opinión Sin relevo generacional, ¿quién nos alimentará?

Director de Justicia Alimentaria

Este 17 de abril de 2026 celebramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que conmemora la Masacre de Eldorado do Carajás, ocurrida en 1996, cuando 21 campesinos sin tierra fueron asesinados por la Policía Militar en Brasil mientras ocupaban tierras en defensa de la reforma agraria.

En esa memoria de la lucha por la tierra debemos situar la realidad actual de nuestro país, que atraviesa una crisis silenciosa en uno de sus pilares esenciales, la agricultura familiar o, si lo prefieren, la desaparición del campesinado. Este modelo, que sostiene buena parte de la diversidad productiva y de la vida en los territorios rurales, se encuentra amenazado por una combinación de envejecimiento, falta de relevo generacional y ausencia de políticas estructurales que reconozcan su valor social y económico.

Hace unos días, el Gobierno presentó un paquete de medidas para impulsar ese relevo. En ese contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmó que “el relevo generacional es el reto de los retos”. Y no le falta razón. La edad media de las personas agricultoras en España es de 62 años. Un 70% de los hoy en activo estarán jubilados o en edad de hacerlo en una década. Solamente el 9% de las personas titulares de explotación tiene menos de 41 años, y un paupérrimo 8% de las personas beneficiarias de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) son jóvenes. Además, dentro del grupo de jóvenes, de las llamadas jefes/as de explotación, solamente el 23% son mujeres.

Como vemos, esta realidad no es una alarma dispersa: es un tsunami demográfico. La agricultura familiar española depende de manos que se acercan a la jubilación, con escaso o nulo relevo generacional. La falta de jóvenes que quieran —o puedan— asumir la continuidad de las pequeñas explotaciones amenaza no solo la producción agrícola, sino también la vida comunitaria de los territorios rurales.

En paralelo a esta realidad, hay miles de personas que ya forman parte del campo español y de la vida de muchos pueblos, aunque a menudo permanezcan fuera del foco del debate público. Se trata de trabajadores y trabajadoras migrantes que sostienen campañas agrícolas enteras, pero también construyen proyectos de vida, redes comunitarias y arraigo en los territorios donde viven.

De los cerca de 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en España, el 32 % corresponde al sector agrario

Sus trayectorias son diversas, algunas personas llegan para campañas concretas, mientras que otras llevan años asentadas, participando en la economía local y formando parte del tejido social rural. Sin embargo, muchas de estas experiencias siguen marcadas por la precariedad, invisibilidad, la falta de reconocimiento y obstáculos administrativos que limitan sus oportunidades.

Los datos son elocuentes. De los cerca de 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en España, el 32 % corresponde al sector agrario. En algunas provincias, esta proporción es mucho mayor: en Huelva alcanza el 89 %, en Murcia el 82 %, en Almería el 62 % y en Lleida el 51 %.

Cada año, además, se produce entre Marruecos y Huelva uno de los mayores movimientos migratorios de mujeres trabajadoras. Miles de mujeres marroquíes llegan para participar en campañas como la de la fresa, en un flujo que evidencia hasta qué punto determinadas producciones dependen de este trabajo.

Incorporar plenamente a estas personas en las políticas agrarias implica reconocerlas como actores del presente y del futuro del campo, no solo como mano de obra para las grandes fincas

Estos datos muestran que la agricultura intensiva y la temporalidad de las campañas dependen absolutamente de la mano de obra migrante. Pero esta realidad no puede entenderse únicamente en términos laborales. Muchas de estas personas conocen los cultivos, acumulan experiencia y muchas aspiran a desarrollar proyectos agrícolas propios si existieran las condiciones adecuadas.

Incorporar plenamente a estas personas en las políticas agrarias implica reconocerlas como actores del presente y del futuro del campo, no solo como mano de obra para las grandes fincas, sino como actores imprescindibles para el desarrollo de la agricultura social y campesina. Esto pasa por reconocer sus propias dificultades y garantizar acceso real de a la tierra, al crédito, a la formación y a redes cooperativas, así como por eliminar barreras administrativas que hoy limitan sus posibilidades de emprender y establecerse.

Si España quiere evitar que su agricultura familiar se convierta en patrimonio fósil, no basta con atraer mano de obra: hay que facilitar el acceso real a la tierra

No es solo una cuestión de eficiencia productiva, sino de derechos, de equidad y de construcción de comunidades rurales vivas y diversas. En este contexto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado la movilización de tierras públicas —unas 17.000 fincas rústicas— para favorecer el relevo generacional, poniéndolas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. Sin embargo, una estrategia que se limite a fórmulas genéricas de juventud agraria fracasa si no incorpora con medidas específicas a quienes ya están plantando y cosechando, muchos de ellos, migrantes que llevan años aportando trabajo, conocimiento y vida al campo español. Si España quiere evitar que su agricultura familiar se convierta en patrimonio fósil, no basta con atraer mano de obra: hay que facilitar el acceso real a la tierra, al crédito, a la formación, para que puedan aparecer nuevas explotaciones familiares en nuestros pueblos

Negarles un papel central en el futuro de la agricultura familiar es ignorar una realidad ya existente. La sostenibilidad del sistema alimentario depende no solo de quién trabaja la tierra, sino de en qué condiciones puede hacerlo y con qué oportunidades de construir un proyecto de vida.

Ya saben, la tierra para quién la trabaja.

Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.

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