Con frecuencia hablaba con Marco Antonio Aramayo Caballero.

Me llamaba desde la cárcel de San Pedro, cuando podía. Tenía un celular. Había leído lo que yo había escrito sobre él y sobre la corrupción en el Fondo Indígena en mi columna Tinku Verbal.

Algunos días, su voz era un trueno.

Otros, apenas un murmullo cansado.

A veces, una mezcla insoportable de indignación y resignación.

Yo me sentía impotente. No sabía cómo ayudarlo más en su lucha por demostrar su inocencia. Sólo tenía mi pluma. Y él, la verdad. Una verdad pesada, peligrosa, letal en un país donde decirla suele pagarse con cárcel.

Creí —ingenuamente— que cuando Evo Morales fue echado del poder en 2019, Marco sería liberado. No ocurrió. El gobierno de Jeanine Añez lo ignoró. Luego llegó Luis Arce a Palacio y la situación de Marco no mejoró: se agravó.

Desesperado, acudí al entonces ministro de Justicia, Iván Lima. Le pedí que revisara el caso. Le sugerí que bastaba leer el expediente para convencerse de que no había una sola prueba en contra de Marco. Le conté que su salud física y mental se deterioraban día tras día. Lima me pidió el teléfono de la pareja de Marco. Moraima recobró la esperanza. El ministro habló con ella.

Pero nunca pasó nada.

Porque la........

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