La polarización en auge ha desencadenado un clima de tensión política que inunda las instituciones y el debate público. La confrontación ha usurpado el sosiego y la pulcritud de la democracia de un tiempo a esta parte. Especialmente durante esta legislatura hemos podido ser testigos del choque sin precedentes que enfrenta a las Cámaras parlamentarias que conforman el poder legislativo: el Congreso y el Senado.

La Cámara Alta, presidida por Pedro Rollán (PP) y con una amplia mayoría absoluta popular, y la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol (PSOE) y con la mayoría absoluta plurinacional que invistió a Pedro Sánchez, mantienen un pulso institucional por intereses partidistas. 

Los de Alberto Núñez Feijóo, tras el 23-J, señalaron a Armengol y al resto de la dirección del Congreso de los Diputados y decidieron manosear su poder en la Cámara de representación territorial para lanzar una ofensiva consistida en una treintena de recursos planteados ante el Tribunal Constitucional, bien a través del propio partido o mediante la dirección del Senado.

Sin embargo, el tribunal de garantías ha emitido en 2025 una veintena de resoluciones que afectan al Congreso y en todas la Cámara ha salido indemne.

Según informa el diario

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