Si a los jueces, Dios no lo quiera, se les aplicara la misma vara de medir que a los políticos, un buen puñado de ellos estaría hoy entrando y saliendo de los juzgados donde otros jueces intentarían determinar si sus compañeros habían cometido prevaricación trufada de ‘lawfare’. Tal escenario no es, obviamente, deseable, pero resulta imposible no imaginarlo después de ver, estupefactos, las controvertidas decisiones de algunos magistrados a la hora de instruir o juzgar determinadas causas de alto voltaje político en las que nomalmente las izquierdas salen mal paradas. Nombres como Peinado, Marchena, Gadea, García Castellón y algunos otros probarían tal vez esa amarga medicina conocida como 'pena de telediario' que con tanto desahogo acostumbran a administrar a otros.

¿Hubo ‘lawfare’ en el caso de los ERE?, le preguntaron esta semana los periodistas a Manuel Chaves durante su primera comparecencia en la sede del PSOE andaluz tras los largos años en que tuvo vedado el acceso a la que había sido su casa. Recién exculpado por el Constitucional, el expresidente no contestó que sí hubo ‘lawfare’, pero a punto estuvo de hacerlo; su respuesta no fue taxativamente afirmativa, pero le costaba ocultar las muchas ganas que tenía de que lo fuera.

Aunque muchos socialistas están convencidos de que la jueza Alaya estaba conchabada con el PP y la........

© El Plural