Desprolijidad, improvisación e intervención. Esas son las características del decreto supremo 5503 publicado parcialmente en la Gaceta Oficial de Bolivia, porque cuatro anexos que dicen ser parte inseparable del DS no estaban publicados hasta el cierre de esta nota.

Introducir palabras en inglés (Fast Track) en una normativa nacional que no tiene a esas lenguas como oficiales es, claramente, un signo de intervencionismo, pero sobre todo mal gusto. Intervencionismo, cuando se publica dos días después de una reunión del gobierno boliviano con una frondosa delegación estadounidense, compuesta por personeros de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio, y el Departamento de Estado. Es el litio, el gas, el petróleo, la energía hidroeléctrica, el agronegocio, las aguas dulces de Bolivia, lo que vía Fast Track e incentivos para inversiones está en la mira de la entrega.

La desprolijidad está patente en varias partes: el artículo 58 hace referencia a “la presente Ley” cuando es un decreto supremo; el artículo 119-II remite a un artículo 124 que no existe; los artículos 106 y 111 repiten textualmente la disposición sobre el salario mínimo; el artículo 92 menciona un anexo con entidades públicas que debe financiar el Bono Juancito Pinto, pero ese anexo tampoco está publicado.

El subsidio invisible a las petroleras extranjeras

Queda claro, pero no está publicado, que los precios de los hidrocarburos han subido para los próximos seis meses. Luego se aplicarán unos reglamentos no publicados en la Gaceta Oficial, pese a ser parte indivisible del DS 5503. Los aumentos son brutales: 84% la gasolina especial (de Bs 3,79 a 6,96) y 162% el diésel (de Bs 3,74 a 9,80).

Pero lo más revelador es lo que el DS 5503 NO hace: no elimina el subsidio a las transnacionales que operan campos menores. Desde 2006, con el DS 28984, el Estado boliviano paga “incentivos a la producción” que encarecen el barril de petróleo por encima del precio del mercado interno. El DS 1202 de 2012 institucionalizó estos incentivos mediante Notas de Crédito Fiscal (NOCRES), llegando a pagar hasta USD 30 adicionales por barril producido.

La Ley 767 de 2015 profundizó el subsidio creando el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), financiado con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), restando esos recursos a alcaldías, universidades y gobernaciones. Hasta marzo de 2024, ese fondo acumuló Bs 5.884 millones que, según denuncias parlamentarias, no se utilizaron para exploración sino que fueron transferidos al Banco........

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