Bolivia se preparaba para enfrentar a Surinam, uno de los partidos decisivos en la ilusión mundialista de la selección, mientras en plaza Murillo se jugaba otro partido, mucho más silencioso pero estructural: la aprobación de la ley Nº 157. Una norma que, lejos de ser improvisada, aguardaba desde principios de año el momento político adecuado para salir a la luz.

No es casual. En Bolivia, las transformaciones más profundas suelen avanzar cuando la atención pública está en otra parte. Por eso, hablar de la ley Nº 157 no es referirse a un simple ajuste normativo, sino a una reforma agraria fragmentada, desplegada por partes, acorde al equilibrio actual de fuerzas y a las limitaciones del propio Estado.

Toda reforma agraria, en sentido estricto, implica alterar tres dimensiones fundamentales: quién posee la tierra, quién se apropia de los excedentes y bajo qué forma se organiza la producción. La ley Nº 157 interviene precisamente en esos tres niveles, aunque lo haga de manera encubierta.

En su superficie, la norma se presenta como una medida de inclusión: facilitar que el pequeño propietario acceda al mercado, al crédito, a la “modernización”, históricamente relegado incluso por la “ley agraria fundamental” de 1996. Sin embargo, la realidad es otra. La ilusión de modernidad esconde una estrategia de despojo de las tierras de agricultura de subsistencia (758.197 has.) y familiar (746.631 has.), ambas correspondientes a la pequeña propiedad en Bolivia.

¿Por qué avanzar por partes? Porque el gobierno ha comprobado sus propios límites. El fracaso........

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