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Autoridad dispersa

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18.09.2026

Varias veces he hablado en esta columna sobre la ineficiencia de las leyes como mecanismo de estructuración de las políticas públicas. La razón de mi escepticismo obedece a que las leyes no suelen hacer la realidad, sino que más bien sucede lo contrario: es la realidad la que por lo general se impone y quien termina por señalarles a las leyes hacia dónde ir.

Hay, sin embargo, algunas esferas en la que la pertinencia de las leyes resulta incuestionable. Por ejemplo, cuando se les utiliza como mecanismo de asignación de competencias y, más específicamente, de competencias entre los órganos del Estado. Es decir, corresponde a la ley decir quién hace qué.

La reflexión viene a cuento con motivo de la polémica que han generado varias decisiones de tutela que han suspendo la ejecución de funciones gubernamentales; desde la iniciación de los planes piloto........

© El Nuevo Siglo Bogotá