Desde luego, las personas denunciadas -congresistas y funcionarios gubernamentales- gozan de la presunción de inocencia y, hasta ahora, no se conocen pruebas ni decisiones judiciales, lo cierto es que se trata de algo sumamente grave. Las investigaciones al respecto deben ser inmediatas, exhaustivas y completas, pues están de por medio no solamente la responsabilidad penal de los sindicados y el prestigio del Gobierno -que adelantó campaña y ha insistido hasta el cansancio en su lucha contra la corrupción- sino la idoneidad y credibilidad del Congreso, así como la legitimidad de las leyes aprobadas y en trámite.

En los últimos años se ha acuñado el término “mermelada” para aludir a incentivos burocráticos, al derroche de recursos públicos, por acuerdos del Ejecutivo........

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