El fallo del Tribunal Constitucional puso límite a un régimen que podía trasladar al Estado los costos de proyectos privados con permisos ambientales anulados. Para sus críticos, la medida amenazaba además con distorsionar el control judicial y debilitar la protección ambiental.

Hay discusiones jurídicas que parecen abstractas hasta que alguien explica quién termina pagando la cuenta.

Eso es precisamente lo que estaba en juego con los artículos 12 y 13 de la denominada “Megarreforma”, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast: establecer un régimen especial que permitiera indemnizar, con recursos fiscales, a titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera posteriormente anulada por los tribunales.

En términos simples: un privado podía obtener una autorización ambiental, invertir, comenzar a ejecutar su proyecto y, si años después la justicia determinaba que aquella autorización era ilegal, podía terminar reclamando al Estado el reembolso de determinados gastos de su inversión.

El argumento era la certeza jurídica, para que primaran la inversión y la economía por sobre el medioambiente.

Pero hay una diferencia fundamental entre entregar certeza jurídica y convertir al Estado en asegurador del riesgo empresarial.

Una inversión supone riesgos. Entre ellos, naturalmente, el riesgo de que un proyecto no cumpla con la legislación vigente, que sus antecedentes sean insuficientes, que la Administración incurra en errores o que, finalmente, los tribunales determinen que una autorización fue ilegal.

Pretender que todos los contribuyentes asuman parte de ese riesgo no es necesariamente otorgar mayor certeza. Puede significar, simplemente, trasladar una parte de las pérdidas privadas al patrimonio público.

Pero había algo todavía más preocupante.

Cuando la indemnización puede afectar la independencia del juez

El problema del régimen propuesto no terminaba en quién pagaba la indemnización.

También estaba en juego algo mucho más delicado: la independencia con que los tribunales deben ejercer su función de control de la legalidad ambiental.

Toda regulación necesita mecanismos efectivos de control. Y uno de ellos es, precisamente, el control judicial. Para que ese control sea real, el juez debe poder determinar si una actuación administrativa es legal o ilegal sin tener que considerar las consecuencias económicas que el legislador ha asociado anticipadamente a........

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