La “Ley ignorancia” busca vetar a nuestros mejores especialistas para transitar entre ambos campos de trabajo profesional. ¿Qué investigador va a estar dispuesto a asumir un cargo público si luego no puede retomar su carrera académica?

Se ha hecho común que durante la tramitación de un proyecto de ley se escoja alguna denominación para hacer tangible y comunicable su contenido. Se suele asumir el nombre de una persona afectada por alguna vulneración que la legislación propuesta pretende corregir. Así, tenemos la Ley Zamudio y la recientemente promulgada Ley Karin, sobre acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. En otras ocasiones, se ha buscado una denominación genérica, acorde a la naturaleza del proyecto. La lista de nombres es larga y se podría debatir sobre la pertinencia de este tipo de estrategias comunicacionales.

Con el afán de colaborar a la divulgación de un nuevo proyecto de ley presentado por los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, Miguel Ángel Becker, Hugo Rey y Marcia Raphael, quiero sugerir que se le dé a conocer como “Ley ignorancia”. Se trata de una propuesta que está orientada a modificar el Decreto N° 33, que dio origen a Fondecyt, estableciendo que quienes se hayan desempeñado como Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, seremis, delegados presidenciales regionales o provinciales y, en general, altos cargos públicos, “no podrán concursar, ni ser asignatarios de los recursos del Fondo, en ninguna de sus modalidades” por un plazo que abarca “los 18 meses inmediatamente anteriores al momento de abrirse la postulación”.

El origen de esta propuesta surgió luego de la adjudicación de los proyectos Fondecyt regulares de este año, dando cobertura a 690........

© el mostrador