El pasado lunes La Gaceta de Nicaragua, equivalente a nuestro Diario Oficial, publicó el decreto revocando la personería jurídica de 1.500 ONG por no haber declarado, supuestamente, sus estados financieros en los últimos 35 años. Entre estas se cuentan 695 entidades religiosas,73 grupos sandinistas incómodos a la dictadura, clubes de futbol, asociaciones de tenis, otras vinculadas a la temática feminista o derechos de minorías sexuales. Con estas, suman 5.000 las entidades de la sociedad civil canceladas desde el 2022, entre ellas 28 universidades.

La semana anterior, Rosario Murillo, la tenebrosa Vicepresidenta y desde hace años mujer-fuerte del régimen, había adelantado que habría una reorganización de las ONG según un modelo que se denominaría “alianzas para la asociación”. En lo sucesivo, las entidades deberían presentar a través del Ministerio del Interior y de la Cancillería nicaragüense programas y proyectos sobre asuntos según su vocación. De más está decir que cualquiera que no encaje con los humores del régimen no va a recibir permiso. Se trata de seguir coartando los pocos espacios de libertad que restan después de haber anulado toda oposición, acabado con la libertad de culto y de prensa, privado de la nacionalidad a los críticos, expulsado al 10% de la población. Pretenden ejercer un control total sobre los que quedan.

Para la Iglesia Católica esto significa seguir aguantando silenciosamente la persecución. Para las órdenes religiosas, equivale a la expulsión y dejar de servir a los que más lo necesitan. Asistimos en Nicaragua a una represión como la que no se ha visto en ninguna parte de América Latina. La mordaza viene acompañada de la confiscación de los bienes a las entidades religiosas que deben dejar el país. Esta semana se agregó la apropiación del 15% de las limosnas. Las propiedades de las órdenes se levantaron gracias a contribuciones........

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